Biocarburantes y reforzamiento de los derechos del consumidor de gas

Ahora que a raíz de la reciente Cumbre de París sobre Cambio Climático está bien presente la protección del medio ambiente y reducción de gases de efecto invernadero, conviene analizar las medidas que al respecto está adoptando el Estado español para cumplir con la Agenda Europa 2020 para asegurar el crecimiento sostenible. En ese artículo nos centraremos en analizar el contenido del recientemente aprobado Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, de fomento de los Biocarburantes –BOE de 5 de diciembre- (en adelante el Real Decreto), que persigue aumentar la utilización de combustibles renovables, entre ellos los biocarburantes, tanto en el transporte como en los hogares.

El Real Decreto se encarga de desarrollar determinadas leyes que en los últimos años han venido a trasponer determinadas Directivas de la Unión Europea sobre la materia, y que al objeto de no aburrir al lector no vamos a exponer. Desgranamos el contenido esencial de la norma en las siguientes líneas:


Obligaciones de los Estados Miembros de la Unión Europea en materia de biocarburantes

Se impone a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) la tarea de exigirse y exigir el cumplimiento de determinados criterios de eficiencia energética para luchar contra el calentamiento global derivado de la emisión de gases nocivos. Por tanto la idea que impera en esta normativa es la sustitución de fuentes de energía que emiten gases de efecto invernadero por fuentes de energía renovable o energías verdes. En nuestro marco constitucional las competencias sobre la materia del Estado español se canalizan a través de la administración central, autonómica y local.

En particular, el Gobierno, está habilitado (no olvidemos que dentro del cumplimiento de los parámetros que marca Europa para 2020) para regular los porcentajes a alcanzar de venta o consumo de biocarburantes sobre el total del gasóleo vendido o consumido. Para ello, tendrá en cuenta diversos factores que pueden influir en la evolución de dicho consumo como pueden ser la cuota de electricidad producida a partir de energías renovables, el progreso energético o la normativa europea.

Los órganos competentes de la Comunidad Autónoma o Municipio habrán de informar al Gobierno antes del 31 de diciembre de cada año, del ahorro energético conseguido gracias a actuaciones llevadas a cabo su territorio. Para el periodo comprendido entre 1 de enero de 2014 y la entrada en vigor del presente Real Decreto a 6 de diciembre de 2015, podrán presentar la información de manera agregada.


Cuotas de energía procedente de biocarburantes por año

En términos generales, para este año se establecido que como mínimo un 4,3% de la energía que se consume anualmente debe provenir de los biocarburantes. Irá en aumento hasta el 2020 que habrá de ser del 8,5%. Si bien, en este último porcentaje indicado, la proporción de energía procedente de cultivos de cereales, o ricos en almidón, azúcares, oleaginosas u otros, no debe superar el 7%.

La presencia en el consumo final de biocarburantes fabricados a partir de  cultivos que no sean ricos en cualquiera de dichos componentes, no estará sujeto a ese porcentaje bajo determinados requisitos.

En cuanto a los biocarburantes con origen en algas o residuos, el Gobierno fijará cada año aquéllos porcentajes a los que únicamente estarán sujetos, los operadores al por mayor, las empresas que desarrollen la actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos (en adelante gasolineras) y los consumidores de productos petrolíferos.


Obligaciones de las gasolineras

Se dejará a elección de las gasolineras la publicitación del operador mayorista o distribuidor del que adquieran el combustible, indicando, en su caso, fecha de adquisición, producto, cantidad en metros cúbicos y denominación social.

Sin embargo, habrán de avisar con el rótulo “Antes de utilizar este producto asegúrese de que es apto para su motor”, si la gasolina contiene más de un 5% de volumen de bioetanol o de 2,7% en masa de oxígeno.

Toda materia prima utilizada en los biocarburantes deberá ir acompañada de las certificaciones correspondientes.


CNMC y Corporación de Reservas Energéticas de Productos Petrolíferos

El Real Decreto también hace referencia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)así como a la Corporación de Reservas Energéticas de Productos Petrolíferos (CORES) ambas encargadas de hacer un estudio conjunto sobre las ventas realizadas por las personas físicas o jurídicas operadoras en el mercado de hidrocarburos en el año anterior, con el fin de llevar a cabo un control de la evolución del ahorro energético o del aumento de la demanda de energía. Dicha información es enviada electrónicamente a la Dirección General de Política Energética y Minas.

La CNMC, como regulador del mercado, tiene además la misión de velar por la salvaguarda del principio de eficiencia energética en toda regulación de la actividad destinada a la explotación de infraestructuras de gas y electricidad.


Consumidores de gas

El Real Decreto, establece las siguientes normas para la protección de los consumidores –también aplicables a los consumidores de energía eléctrica-:

Factura Electrónica:

Los consumidores tienen derecho de acceso telemático a sus facturas y a los datos personales que de ellos se recopile (LOPD), así como a los datos del contrato con su comercializador. Este derecho de acceso a los datos se conserva aun cuando el consumidor decide cambiar de comercializador. Este derecho se mantiene en todo caso durante dos años para los consumidores de gas-tres en el supuesto de la energía eléctrica-.

Contadores y lecturas:

El consumidor tiene derecho a que el comercializador le informe sobre los contadores de telegestión –inteligentes-,  para que el propio cliente pueda hacer un correcto seguimiento de su consumo de gas.

Antes de diciembre de 2016 la CNMC tiene encomendada a elaboración de un estudio sobre el precio aplicable al alquiler de contadores.

En cada punto de suministro se ha de incorporar  un equipo de medida (lo que conocemos como el contador de gas), que podrá ser propiedad del consumidor o de la compañía distribuidora, que cobrará el correspondiente alquiler al consumidor.

El consumidor deberá permitir la entrada al personal de la compañía distribuidora para que proceda a la lectura, instalación, retirada, sustitución, mantenimiento del contador.

Si el contador estuviese en el interior de la vivienda, la distribuidora lo comunicará con antelación al cliente con al menos dos días de antelación.

En caso de que el distribuidor no vaya, el consumidor podría realizar la lectura.

La lectura se hará de forma mensual en caso de que exista un consumo anual superior a 100.000 kWh. En caso contrario, se harán mensuales o bimestrales.

Eventuales refacturaciones al consumidor por diferencias entre gas o energía consumida y gas o energía facturadas:

Si diferencia entre lo consumido y lo debidamente abonado es negativa a favor del consumidor, se prorrateará por la comercializadora entre tantas facturas como meses transcurrieron, de tal manera que el consumidor lo irá pagando proporcionalmente en las factura posteriores. Si se abonó de más por el consumidor entonces se devolverá el exceso íntegro junto con el interés legal del dinero vigente en la inmediata factura siguiente, no pudiendo prorratearse.

Implantación de los contadores inteligentes:

Al igual que ya se está haciendo con los contadores de energía eléctrica, la tendencia que marca Europa y se implantará en España apunta a la sustitución de los actuales contadores de gas por contadores inteligentes de lectura remota e imposible manipulación.

Para asegurar esta implantación paulatina, lo que prevé el Real Decreto que aquí se analiza es el seguimiento por parte del  Ministro Industria, Energía, y Turismo, que deberá observar el funcionamiento de los equipos de medida, y, en definitiva, decidir la implantación obligatoria los contadores inteligentes, sin perjuicio de que los distribuidores empiecen a implantar esos contadores en sus redes de distribución siempre y cuando no encarezcan los costes a los consumidores; lo que trata de evitar el Real Decreto con esta última previsión son los excesos de facturación que han registrado las grandes distribuidoras de energía eléctrica al implantar los  contadores inteligentes, dando origen a denuncias, investigaciones y sanciones de la CNMC en los últimos meses.

En cuanto a las facturas derivadas de la actividad de suministro de energía eléctrica y gas natural, deberán contener además de todas las variables que sirvan para su cálculo, en el caso de las de empresas comercializadoras, una información concreta.

Exigencias en las facturas:

Por último, y de nuevo con el fin de proteger al consumidor final, tanto en las facturas emitidas al cliente como en las páginas web de los distribuidores, comercializadores y suministradores, estos quedan obligados a incluir los datos de contacto y la página web de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la  Energía y del organismo competente de la Comunidad Autónoma, a efectos de que el cliente sepa en todo momento a quién dirigir las correspondientes reclamaciones relacionadas con la facturación de gas consumido, la calidad en el suministro o la información que le es facilitada por las empresas con las que ha contratado.

El incumplimiento de esta obligación constituye una infracción grave, y da un importantísimo paso adelante en la defensa de los derechos e intereses de los consumidores de gas, hasta el momento muy desprotegidos.

El autoconsumo, o de cómo legislar para suprimir

El pasado sábado 10 de octubre el BOE publicaba el polémico Reglamento del Autoconsumo -Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y producción con autoconsumo-, que viene a desarrollar y permitir en esta materia la aplicación, dos años más tarde, de la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Con este Reglamento por fin se instaura el “impuesto al sol”,  objeto de innumerables críticas desde la prensa y el propio sector renovable, que ha resultado ser muy poco escuchado por el Gobierno. En este post compartimos nuestras reflexiones sobre la nueva regulación del autoconsumo en España desde una voluntad normativa que parece querer evitar más que fomentar el objeto de su propia regulación.

Lo primero a destacar es que, dada la parca regulación contenida en la Ley que desarrolla, -apenas define el autoconsumo y sus modalidades la Ley del Sector Eléctrico-, toda la regulación que va a afectar a los consumidores, empresas y productores que se decanten por generar energía para consumo propio en su hogar o explotación la encontramos en el propio reglamento.

La finalidad de la norma según su  propia Exposición de Motivos es “garantizar un desarrollo ordenado de la actividad, compatible con la necesidad de garantizar la sostenibilidad técnica y económica del sistema eléctrico en su conjunto” siendo la fórmula para garantizar lo anterior que quien recurra al autoconsumo contribuya “a la financiación de los costes y servicios del sistema en la misma cuantía que el resto de los consumidores”. En definitiva lo que va a suponer la nueva regulación es disuadir a los consumidores de optar por el autoconsumo, ya que lo que hace el Reglamento por medio del “impuesto al sol” –pensado para cubrir la finalidad de financiación del sistema eléctrico y el modelo energético clásico por parte de los consumidores-, va a anular el ahorro que a un consumidor en condiciones normales supondría instalar placas solares en su tejado.

Esta finalidad no solo se logra con el impuesto al sol –que la norma denomina “peaje de acceso”- sino también con el hecho de que el Real Decreto para nada contempla el autoconsumo en “balance neto”, modalidad que consiste en verter a la red eléctrica el excedente no almacenable producido durante el día por las placas solares que tengamos instaladas, para poder beneficiarnos como retorno de la red eléctrica, tomando lo que necesitamos a menor coste, porque con nuestra generación energética estamos contribuyendo a la producción global de energía. Y ello porque el balance neto, que consiste en compensar lo que aporto a la red con lo que me beneficio de ella, supondría un enorme ahorro en nuestra factura de la luz en detrimento de las grandes comercializadoras de energía eléctrica.

Este balance neto vienen exigiéndolo desde hace tiempo las empresas y asociaciones representativa del sector de las energías renovables, y los propios ciudadanos, que ven cómo en el entorno internacional se hace apuesta gubernamental e institucional por el beneficioso impacto que tiene en el medio ambiente, ya que contrarresta las emisiones de efecto invernadero por un incremento del empleo de energías limpias e inagotables, y por cuanto aporta en la lucha frente a la pobreza energética.

El Reglamento contempla dos modalidades de autoconsumo:

  • La de tipo 1, para consumidores que no excedan de 100 kW de potencia contratada. Pensemos en el consumidor medio que tiene placas solares en su tejado, comunidades de propietarios o pequeñas empresas. Esta modalidad exige el pago del impuesto al sol, y la pérdida absoluta de la energía excedentaria , salvo que se quiera optar por instalar una batería de almacenamiento que comportará cargos adicionales; para los consumidores de este tipo 1, y en particular los que no pasen de los 10 kW, el almacenamiento por baterías es de rentabilidad dudosa, ya los consumidores de tipo 1 no tienen derecho a contraprestación económica por la energía excedentaria que vierten de a la red. Los consumidores que se acojan al tipo 1 deben inscribirse en el registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica.
  • La de tipo 2, para instalaciones de más de 100 kW y consumidores asociados a una instalación de producción debidamente inscrita en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica conectada en el interior de su red o bien conectado a través de una línea directa con una instalación de producción. Igualmente deben inscribirse en el registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica, y habrán de liquidar los correspondientes peajes de acceso o impuesto al sol. En definitiva los consumidores que se acojan a este segundo tipo de autoconsumo tendrán la consideración de productores de energía eléctrica. A diferencia de los de tipo 1, estos sí pueden obtener una contraprestación económica por la energía excedentaria que vierten a la red.

Otras cuestiones de interés:

  • Todas las modalidades de autoconsumo tienen una permanencia de 1 año con la empresa distribuidora o comercializadora con la que se haya celebrado el contrato de acceso, que el Real Decreto obliga a celebrar para acogerse a cualquiera de las dos modalidades.
  • Al hilo de la innovación que ha supuesto la introducción de la batería TESLA, la norma prevé el cobro de otra clase de peajes para quien decida almacenar la energía producida por su instalación; estos costes no tienen sentido alguno para los consumidores de tipo 1, y menos para los que dentro de esta categoría tengan hasta 10 kW contratados.

Desde un punto de vista de legalidad, las dudas que nos plantea la norma analizada no son pocas, pasando a grandes rasgos:

  • Por la discriminación entre los consumidores.
  • Por ir a la contra de los objetivos de la Unión Europea en materia de energía y cambio climático, que se fundamenta en el impulso y no en la coerción de las energías renovables.
  • Porque socializa sobremanera los costes de un modelo energético obsoleto que sólo beneficia a las grandes empresas energéticas en detrimento de la libertad de competencia, en lo que vienen ser ayudas de Estado encubiertas de dichas compañías, impidiendo o dificultando la entrada de los pequeños productores vía impuestos o peajes.
  • Entre otras.

Si le afecta esta regulación, sea pequeño consumidor o empresa afectada, y quiere recurrir judicialmente el Real Decreto de Autoconsumo, póngase en contacto con nosotros; estaremos encantados de ayudarle.

Regulatorio: qué es y por qué lo necesitas

El asesoramiento Regulatorio, también conocido como Derecho de los Sectores Regulados, se ha ido incorporando desde hace unos pocos años a la cartera de servicios de despachos y firmas de alto nivel. En este post explicamos QUÉ ES, POR QUÉ y CÓMO LO HACEMOS EN LHM LEGAL y CÓMO TE PODEMOS AYUDAR

Qué es

Consiste en ayudar al cliente a enfrentar el riesgo de cambio constante y con mínimos periodos de adaptación que le impiden adecuarse a tiempo a las reglas de juego en aquellos mercados sujetos a una fuerte regulación por parte del Estado. Estos mercados son los “sectores regulados”, concepto que comprende áreas como energía, gas e hidrocarburos, telecomunicaciones, aguas o transportes, y que coinciden con aquellos antiguos monopolios estatales que se han ido liberalizando, de tal manera que ahora conviven necesidades de prestación de servicios públicos esenciales con la liberalización del sector y entrada de las empresas en libre mercado, generándose así conflictos entre el ejercicio de la actividad en libre competencia y el cumplimiento de todos los requerimientos legales.

Este servicio legal minimiza el “riesgo regulatorio” que para las pymes conlleva invertir en mercados en que, más allá de los vaivenes de la economía, los cambios de la normativa son tan rápidos como inesperados, poniendo en peligro la viabilidad de las empresas. Ejemplos bien conocidos de lo que analizamos los hemos visto con las primas del sector de energías renovables, o con el dividendo digital en el sector de las telecomunicaciones.

Por qué lo hacemos

Porque en nuestros años de experiencia asesorando a empresas que lidian con el “riesgo regulatorio”, hemos detectado que en estas áreas fuertemente reguladas sólo las grandes empresas y las multinacionales pueden acceder a servicios jurídicos a la altura de sus circunstancias, mientras que las pymes por el contrario encuentran mayor dificultad a la hora de acceder a este asesoramiento tan especializado, y que sin embargo necesitan si desean ser viables en el tiempo.

Cómo lo hacemos

Nuestra especialización en sectores regulados nos permite anticipar y gestionar el cambio, siendo la clave de nuestro éxito el exhaustivo seguimiento de todas las reformas de legislación y reglamentación, y cómo afectan a las concretas situaciones de nuestros clientes.

Para ello elaboramos informes, notas de contenido informativo y construimos estrategias, que tienen en cuenta el Derecho y la Economía para la viabilidad empresarial. Este proceso se implementa en tres fases:

1. Te ayudamos a tomar la decisión inicial: si vas a emprender, si recientemente has emprendido una actividad empresarial en un sector regulado, o simplemente si acabas de detectar una carencia de asesoramiento jurídico en el mercado en el que operas, necesitas toda la información. Según tus circunstancias, debes asegurarte de que cumples con todas las exigencias administrativas y minimizas tu riesgo regulatorio.

2. Prevenimos: evitando que entres en conflicto con las Administraciones e instituciones y muy en concreto con los organismos reguladores de tu mercado.

3. Resolvemos: si surge un conflicto que deba solventarse por la vía de negociación, el arbitraje o en los tribunales de Justicia, sigues estando con los expertos que necesitas. No todo cambio normativo es legítimo y en ocasiones tendrás derecho a una indemnización o compensación.

Por qué elegirnos

Porque la filosofía del despacho es contribuir al éxito de las pymes de los sectores regulados a un coste razonable, y porque puedes encontrarte cuando leas este artículo en alguna de las siguientes situaciones:

1. No puedes asumir los costes de acudir a un despacho de gran tamaño y tus necesidades no las suple una gestoría.

2. Buscas eficacia, especialización y máxima calidad en el servicio a un coste razonable.

3. Tu equipo jurídico no abarca esta rama y os surgen dudas constantes.

4. Sueles tener conflictos con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

5. Te cuesta relacionarte con el organismo regulador, no habláis el mismo lenguaje, y necesitas que tus actuaciones o trámites tengan un impacto real positivo en tu negocio.

6. Necesitas autorizaciones, licencias u otros permisos, o quieres licitar para obtener concesiones públicas. Todo lo relativo a la Administración se presenta ante tus ojos como una carrera de obstáculos.

7. No puedes ejercer tu actividad en libre competencia.

Después de llegar hasta aquí, si consideras que tienes un riesgo regulatorio que minimizar, contáctanos.