Eficiencia Energética en edificios

Desde LHM Legal queremos que reflexiones acerca de la problemática que atañe hoy en día en España, sobre la eficiencia energética.

¿Realmente en tu vivienda ahorras en energía cuando utilizas la calefacción, el agua caliente, iluminación, electrodomésticos , etc?

¿En tu empresa se utiliza la electricidad, los combustibles, el mantenimiento de equipos en general, de manera eficaz y responsable?

¿Eres constructor o promotor inmobiliario? ¿quieres alquilar o vender una vivienda que aún no tiene certificado de eficiencia energética?

¿Has oído hablar actualmente de la modificación del Real Decreto sobre Eficiencia Energética en edificios y qué requisitos deben cumplir los edificios de nueva creación?

Real Decreto 564/2017

El despacho de abogados LHM Legal quiere informarte de la modificación que ha hecho el Gobierno del Real Decreto 235/ 2013 de 5 de abril, con el fin de que España se adapte a la Directiva Europea sobre eficiencia energética. El nuevo Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, aprueba el procedimiento de certificación de la eficiencia energética de los edificios.

¿A quién afecta?

Se trata de una normativa que afecta no sólo a los promotores y constructores inmobiliarios, sino, en definitiva, a todo aquel que quiera vender o alquilar una vivienda.

En este sentido, resultan de aplicación estas novedades en materia de eficiencia energética a los edificios de nueva construcción; los edifcios que se vendan o alquilen a un nuevo inquilino si no tienen ya, al tiempo de la venta o alquiler, de un certificado de eficiencia energética.También a aquellos edificios en que una autoridad pública ocupe al menos 250 metros cuadrados y sean frecuentados por el público (es decir, edificios de las administraciones públicas).

Se salvan de estas exigencias regulatorias aquéllos edificios que tengan un valor arquitectónico o histórico tal, que su adecuación a los requisitos de eficiencia energética les haga perder dicho aspecto o valor; iglesias y lugares de culto; construcciones provisionales por menos de dos años; edificios industriales, de defensa y agrícolas no residenciales que presenten una baja demanda energética; edificios de menos de 50 metros cuadrados; los que sean comprados para demolición o reforma integral, y algunos inmuebles de uso vacacional o estacional.

Información a los afectados

En este sentido las novedades que supone el Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, BOE de 6 de junio, son:

  • Se declara que los edificios de nueva creación serán edificios de consumo de energía casi nulo. Se señala como fecha límite el 31 de diciembre de 2020.
  • Los edificios nuevos que vayan a estar ocupados y sean de titularidad pública, serán edificios de consumo de energía casi nulo después del 31 de diciembre de 2018.
  • Obtención del certificado y obligación de exhibir la etiqueta de eficiencia energética en edificios protegidos oficialmente. 

En LHM Legal realizamos un exhaustivo asesoramiento legal para que te adelantes a tus problemas sobre eficiencia energética en edificios y no tengas conflictos con la Administración.

Si conoces a alguien que le afecte esta problemática, no dudes en contactar con nosotros.

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad Industrial frente a incendios

El Boletín Oficial del Estado  (BOE) publica el pasado lunes 12 de junio el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (en adelante, el Reglamento contra Incendios). Este Reglamento deroga el anterior del año 1993, y actualiza los requisitos de seguridad contra incendios en el ámbito industrial, conforme al Derecho de la Unión Europa.

El Reglamento contra Incendios llega en un momento de crítica social y de varios sectores de la industria, tras el incendio de diferentes naves industriales en España, alguno con víctimas mortales.

¿A quien afecta?

El Reglamento es aplicable tanto a las empresas instaladoras como a las empresas mantenedoras de protección contra incendios. También alcanza a los fabricantes importadores, distribuidores u organismos que intervengan en la certificación o evaluación técnica de los productos.

LHM Legal Counsel presta un excelente asesoramiento “a todos aquéllos que puedan verse afectados por esta regulación , ya sean instaladores, mantenedores, fabricantes e importadores”.

Exigencias administrativas

Además de los requisitos de los productos implicados en la prevención contra incendios que, para ser homologados y “usables” en el territorio de la Unión Europea deberán ir provistos del “marcado CE”, referencia que indica que un producto cumple con los estándares de calidad y seguridad en el entorno de la Unión Europea, por tanto,se exigen los siguientes requisitos administrativos -resumimos los más destacables- a los instaladores y fabricantes, como requisito previo para operar, so pena de multa y otras responsabilidades:

  • Los instaladores y mantenedores habrán de suscribir un Seguro de responsabilidad civil con cobertura mínima de 800.000 euros,
  • disponer de un certificado de calidad del sistema implantado, emitido por certificador autorizado,
  • y recabar la habilitación de la autoridad administrativa competente.

Controles y inspecciones

Establece además el Reglamento otras prevenciones en las fases de instalación y puesta en marcha, ente ellas:

  • la comunicación de los equipos y sistemas de protección contra incendios a instalar a la administración competente,
  • la presentación de un certificado de conformidad antes de la puesta en funcionamiento.

Afecta la norma también al ámbito de la construcción, pues se exigirá que las instalaciones de protección contra incendios en los edificios cuenten con un “Documento Básico de “Seguridad en caso de Incendio (SI)”.

Finalmente se prevé la realización de inspecciones periódicas al menos cada 10 años.

Multas y sanciones

Para este colectivo es de vital importancia la prevención para evitar grandes sanciones administrativas, que son las dispuestas en Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Pueden consistir:

  • en multa desde 3.005, 06 hasta 601.012,10 euros,
  • suspensión de la actividad o cierre del establecimiento por un periodo de hasta 5 años,
  • indemnizaciones de daños y perjuicios a terceros,
  • y eventuales responsabilidades penales.

En LHM Legal Counsel somos expertos en derecho preventivo, adecuación normativa, procedimiento sancionador, y tramitación de “marcado CE” de productos. No incumplas la ley, evita tus riesgos. Contáctanos. Estaremos encantados de ayudarte.

Pymes Teleco ¿al corriente de TODAS las obligaciones legales?

Como expertos en el asesoramiento a pymes en mercados regulados, en LHM Legal Counsel muchas veces nos encontramos con nuevos clientes, de estos que nos hacen el honor de pisar por primera vez nuestras oficinas para quedarse, y llegan con comentarios del tipo:

Es que yo no soy la operadora X o Y (por referencia a las grandes, cuyo nombre no viene al caso), y por eso yo tengo una multa de tantos mil euros, mientras que X o Y no.

En estos casos, aunque siempre me miran con extrañeza, suelo responder:

Es que X e Y tienen unos abogados a la altura de sus problemas y necesidades, y tú todavía no.

Luego les explico que en la prevención está el truco, y que mientras que las grandes empresas tienen reservado cada año un presupuesto (no modesto precisamente) a la evitación de problemas legales, la pyme suele ir al médico con el apéndice bien inflamado.

Ahora que ya me he ganado la atención de mi nuevo cliente, detecto uno de los olvidos más frecuentes en empresas del sector de telecomunicaciones, tipo pyme:

No están dados de alta en el Registro de Operadores. Este Registro de carácter público, dependiente del Ministerio de Industria si bien directamente gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), refleja quiénes (particulares o empresas) se dedican en España a la explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas.

En realidad, son dos cosas distintas:

  • A la explotación de redes se dedicarán normalmente X o Y, que tienen concedidos tramos de dominio público radioeléctrico; coloquialmente, son las empresas que prestan al usuario final servicios “desde su propia red”. Los que tienen asignados unos cuantos tramos de numeraciones fijas y móviles.
  • Pero la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas es mucho más amplia, ya que no sólo abarca la explotación de una red, sino muchos otros servicios que a veces se prestan a través de la red de tercero.

Pensemos, por ejemplo en la pyme que sólo comercializa con routers para dar servicio wifi, o en un reseller de X o Y que revende numeración móvil con unos servicios de postventa asociados. Al final, pocos son los que operando en el sector teleco se van a librar de inscribirse en el registro.

Las particularidades son, que la mayoría de las empresas se inscriben después de haber iniciado la actividad, mientras que la inscripción debe ser previa, a modo de comunicación a la CNMC, órgano que vela por la libre competencia en el mercado, de lo que se pretende hacer. Es además importante, para el órgano regulador y para la empresa, recordar que cada año deberemos liquidar una tasa, además de estar al corriente de dar de alta las modificaciones sobre la forma en que prestamos el servicio, ampliaciones o bajas del mismo, o incluso recordar de vez en cuando que se sigue ahí, y que se va a continuar ofreciendo dichos servicios en el mercado teleco.

Si no se ha hecho antes, más vale tarde, ya que si nos requieren, las sanciones o multas, con la ley en la mano (Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones), son:

  • Multa por importe de hasta veinte millones de euros. No se establece un mínimo como tal… como no somos ni X ni Y, y fijo que no podremos pagar, podemos confiar en que la administración sea benévola… y que aplique el criterio de multa por importe “no inferior al tanto, ni superior al quíntuplo, del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista la infracción. En caso de que no resulte posible aplicar este criterio, el límite máximo de la sanción será de 20 millones de euros.”
  • Además, en algunos casos, “en función de sus circunstancias”, dice el legislador, podrán dar lugar a la inhabilitación hasta de cinco años del operador para la explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. La verdad que esta segunda sanción (acumulativa, por cierto), como abogada me preocupa menos, teniendo en cuenta que la mayoría de las pymes que no toman la precaución de cumplir con la normativa antes de que a la CNMC le salten las alarmas, ya con la multa habrán cerrado su negocio.

Y aquí le digo a mi ya nuevo cliente:

Lo que te distingue de X o Y, en términos de éxito, no es sólo tu capacidad económica, sino tu capacidad de anticiparte y prevenir para no fracasar en tu negocio por un motivo que, en origen, no es económico, sino legal.

Nosotros estamos especializados en clientes como tú. ¿Te interesa saber en qué consiste el asesoramiento regulatorio preventivo si eres una pyme? ¿Eres de los que previenen o de los que ponen parches? ¡Gracias por dejarnos tu comentario!

Si lo prefieres puedes contactar. Estaremos encantados de ayudarte.

Biocarburantes y reforzamiento de los derechos del consumidor de gas

Ahora que a raíz de la reciente Cumbre de París sobre Cambio Climático está bien presente la protección del medio ambiente y reducción de gases de efecto invernadero, conviene analizar las medidas que al respecto está adoptando el Estado español para cumplir con la Agenda Europa 2020 para asegurar el crecimiento sostenible. En ese artículo nos centraremos en analizar el contenido del recientemente aprobado Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, de fomento de los Biocarburantes –BOE de 5 de diciembre- (en adelante el Real Decreto), que persigue aumentar la utilización de combustibles renovables, entre ellos los biocarburantes, tanto en el transporte como en los hogares.

El Real Decreto se encarga de desarrollar determinadas leyes que en los últimos años han venido a trasponer determinadas Directivas de la Unión Europea sobre la materia, y que al objeto de no aburrir al lector no vamos a exponer. Desgranamos el contenido esencial de la norma en las siguientes líneas:


Obligaciones de los Estados Miembros de la Unión Europea en materia de biocarburantes

Se impone a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) la tarea de exigirse y exigir el cumplimiento de determinados criterios de eficiencia energética para luchar contra el calentamiento global derivado de la emisión de gases nocivos. Por tanto la idea que impera en esta normativa es la sustitución de fuentes de energía que emiten gases de efecto invernadero por fuentes de energía renovable o energías verdes. En nuestro marco constitucional las competencias sobre la materia del Estado español se canalizan a través de la administración central, autonómica y local.

En particular, el Gobierno, está habilitado (no olvidemos que dentro del cumplimiento de los parámetros que marca Europa para 2020) para regular los porcentajes a alcanzar de venta o consumo de biocarburantes sobre el total del gasóleo vendido o consumido. Para ello, tendrá en cuenta diversos factores que pueden influir en la evolución de dicho consumo como pueden ser la cuota de electricidad producida a partir de energías renovables, el progreso energético o la normativa europea.

Los órganos competentes de la Comunidad Autónoma o Municipio habrán de informar al Gobierno antes del 31 de diciembre de cada año, del ahorro energético conseguido gracias a actuaciones llevadas a cabo su territorio. Para el periodo comprendido entre 1 de enero de 2014 y la entrada en vigor del presente Real Decreto a 6 de diciembre de 2015, podrán presentar la información de manera agregada.


Cuotas de energía procedente de biocarburantes por año

En términos generales, para este año se establecido que como mínimo un 4,3% de la energía que se consume anualmente debe provenir de los biocarburantes. Irá en aumento hasta el 2020 que habrá de ser del 8,5%. Si bien, en este último porcentaje indicado, la proporción de energía procedente de cultivos de cereales, o ricos en almidón, azúcares, oleaginosas u otros, no debe superar el 7%.

La presencia en el consumo final de biocarburantes fabricados a partir de  cultivos que no sean ricos en cualquiera de dichos componentes, no estará sujeto a ese porcentaje bajo determinados requisitos.

En cuanto a los biocarburantes con origen en algas o residuos, el Gobierno fijará cada año aquéllos porcentajes a los que únicamente estarán sujetos, los operadores al por mayor, las empresas que desarrollen la actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos (en adelante gasolineras) y los consumidores de productos petrolíferos.


Obligaciones de las gasolineras

Se dejará a elección de las gasolineras la publicitación del operador mayorista o distribuidor del que adquieran el combustible, indicando, en su caso, fecha de adquisición, producto, cantidad en metros cúbicos y denominación social.

Sin embargo, habrán de avisar con el rótulo “Antes de utilizar este producto asegúrese de que es apto para su motor”, si la gasolina contiene más de un 5% de volumen de bioetanol o de 2,7% en masa de oxígeno.

Toda materia prima utilizada en los biocarburantes deberá ir acompañada de las certificaciones correspondientes.


CNMC y Corporación de Reservas Energéticas de Productos Petrolíferos

El Real Decreto también hace referencia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)así como a la Corporación de Reservas Energéticas de Productos Petrolíferos (CORES) ambas encargadas de hacer un estudio conjunto sobre las ventas realizadas por las personas físicas o jurídicas operadoras en el mercado de hidrocarburos en el año anterior, con el fin de llevar a cabo un control de la evolución del ahorro energético o del aumento de la demanda de energía. Dicha información es enviada electrónicamente a la Dirección General de Política Energética y Minas.

La CNMC, como regulador del mercado, tiene además la misión de velar por la salvaguarda del principio de eficiencia energética en toda regulación de la actividad destinada a la explotación de infraestructuras de gas y electricidad.


Consumidores de gas

El Real Decreto, establece las siguientes normas para la protección de los consumidores –también aplicables a los consumidores de energía eléctrica-:

Factura Electrónica:

Los consumidores tienen derecho de acceso telemático a sus facturas y a los datos personales que de ellos se recopile (LOPD), así como a los datos del contrato con su comercializador. Este derecho de acceso a los datos se conserva aun cuando el consumidor decide cambiar de comercializador. Este derecho se mantiene en todo caso durante dos años para los consumidores de gas-tres en el supuesto de la energía eléctrica-.

Contadores y lecturas:

El consumidor tiene derecho a que el comercializador le informe sobre los contadores de telegestión –inteligentes-,  para que el propio cliente pueda hacer un correcto seguimiento de su consumo de gas.

Antes de diciembre de 2016 la CNMC tiene encomendada a elaboración de un estudio sobre el precio aplicable al alquiler de contadores.

En cada punto de suministro se ha de incorporar  un equipo de medida (lo que conocemos como el contador de gas), que podrá ser propiedad del consumidor o de la compañía distribuidora, que cobrará el correspondiente alquiler al consumidor.

El consumidor deberá permitir la entrada al personal de la compañía distribuidora para que proceda a la lectura, instalación, retirada, sustitución, mantenimiento del contador.

Si el contador estuviese en el interior de la vivienda, la distribuidora lo comunicará con antelación al cliente con al menos dos días de antelación.

En caso de que el distribuidor no vaya, el consumidor podría realizar la lectura.

La lectura se hará de forma mensual en caso de que exista un consumo anual superior a 100.000 kWh. En caso contrario, se harán mensuales o bimestrales.

Eventuales refacturaciones al consumidor por diferencias entre gas o energía consumida y gas o energía facturadas:

Si diferencia entre lo consumido y lo debidamente abonado es negativa a favor del consumidor, se prorrateará por la comercializadora entre tantas facturas como meses transcurrieron, de tal manera que el consumidor lo irá pagando proporcionalmente en las factura posteriores. Si se abonó de más por el consumidor entonces se devolverá el exceso íntegro junto con el interés legal del dinero vigente en la inmediata factura siguiente, no pudiendo prorratearse.

Implantación de los contadores inteligentes:

Al igual que ya se está haciendo con los contadores de energía eléctrica, la tendencia que marca Europa y se implantará en España apunta a la sustitución de los actuales contadores de gas por contadores inteligentes de lectura remota e imposible manipulación.

Para asegurar esta implantación paulatina, lo que prevé el Real Decreto que aquí se analiza es el seguimiento por parte del  Ministro Industria, Energía, y Turismo, que deberá observar el funcionamiento de los equipos de medida, y, en definitiva, decidir la implantación obligatoria los contadores inteligentes, sin perjuicio de que los distribuidores empiecen a implantar esos contadores en sus redes de distribución siempre y cuando no encarezcan los costes a los consumidores; lo que trata de evitar el Real Decreto con esta última previsión son los excesos de facturación que han registrado las grandes distribuidoras de energía eléctrica al implantar los  contadores inteligentes, dando origen a denuncias, investigaciones y sanciones de la CNMC en los últimos meses.

En cuanto a las facturas derivadas de la actividad de suministro de energía eléctrica y gas natural, deberán contener además de todas las variables que sirvan para su cálculo, en el caso de las de empresas comercializadoras, una información concreta.

Exigencias en las facturas:

Por último, y de nuevo con el fin de proteger al consumidor final, tanto en las facturas emitidas al cliente como en las páginas web de los distribuidores, comercializadores y suministradores, estos quedan obligados a incluir los datos de contacto y la página web de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la  Energía y del organismo competente de la Comunidad Autónoma, a efectos de que el cliente sepa en todo momento a quién dirigir las correspondientes reclamaciones relacionadas con la facturación de gas consumido, la calidad en el suministro o la información que le es facilitada por las empresas con las que ha contratado.

El incumplimiento de esta obligación constituye una infracción grave, y da un importantísimo paso adelante en la defensa de los derechos e intereses de los consumidores de gas, hasta el momento muy desprotegidos.

El autoconsumo, o de cómo legislar para suprimir

El pasado sábado 10 de octubre el BOE publicaba el polémico Reglamento del Autoconsumo -Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y producción con autoconsumo-, que viene a desarrollar y permitir en esta materia la aplicación, dos años más tarde, de la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Con este Reglamento por fin se instaura el “impuesto al sol”,  objeto de innumerables críticas desde la prensa y el propio sector renovable, que ha resultado ser muy poco escuchado por el Gobierno. En este post compartimos nuestras reflexiones sobre la nueva regulación del autoconsumo en España desde una voluntad normativa que parece querer evitar más que fomentar el objeto de su propia regulación.

Lo primero a destacar es que, dada la parca regulación contenida en la Ley que desarrolla, -apenas define el autoconsumo y sus modalidades la Ley del Sector Eléctrico-, toda la regulación que va a afectar a los consumidores, empresas y productores que se decanten por generar energía para consumo propio en su hogar o explotación la encontramos en el propio reglamento.

La finalidad de la norma según su  propia Exposición de Motivos es “garantizar un desarrollo ordenado de la actividad, compatible con la necesidad de garantizar la sostenibilidad técnica y económica del sistema eléctrico en su conjunto” siendo la fórmula para garantizar lo anterior que quien recurra al autoconsumo contribuya “a la financiación de los costes y servicios del sistema en la misma cuantía que el resto de los consumidores”. En definitiva lo que va a suponer la nueva regulación es disuadir a los consumidores de optar por el autoconsumo, ya que lo que hace el Reglamento por medio del “impuesto al sol” –pensado para cubrir la finalidad de financiación del sistema eléctrico y el modelo energético clásico por parte de los consumidores-, va a anular el ahorro que a un consumidor en condiciones normales supondría instalar placas solares en su tejado.

Esta finalidad no solo se logra con el impuesto al sol –que la norma denomina “peaje de acceso”- sino también con el hecho de que el Real Decreto para nada contempla el autoconsumo en “balance neto”, modalidad que consiste en verter a la red eléctrica el excedente no almacenable producido durante el día por las placas solares que tengamos instaladas, para poder beneficiarnos como retorno de la red eléctrica, tomando lo que necesitamos a menor coste, porque con nuestra generación energética estamos contribuyendo a la producción global de energía. Y ello porque el balance neto, que consiste en compensar lo que aporto a la red con lo que me beneficio de ella, supondría un enorme ahorro en nuestra factura de la luz en detrimento de las grandes comercializadoras de energía eléctrica.

Este balance neto vienen exigiéndolo desde hace tiempo las empresas y asociaciones representativa del sector de las energías renovables, y los propios ciudadanos, que ven cómo en el entorno internacional se hace apuesta gubernamental e institucional por el beneficioso impacto que tiene en el medio ambiente, ya que contrarresta las emisiones de efecto invernadero por un incremento del empleo de energías limpias e inagotables, y por cuanto aporta en la lucha frente a la pobreza energética.

El Reglamento contempla dos modalidades de autoconsumo:

  • La de tipo 1, para consumidores que no excedan de 100 kW de potencia contratada. Pensemos en el consumidor medio que tiene placas solares en su tejado, comunidades de propietarios o pequeñas empresas. Esta modalidad exige el pago del impuesto al sol, y la pérdida absoluta de la energía excedentaria , salvo que se quiera optar por instalar una batería de almacenamiento que comportará cargos adicionales; para los consumidores de este tipo 1, y en particular los que no pasen de los 10 kW, el almacenamiento por baterías es de rentabilidad dudosa, ya los consumidores de tipo 1 no tienen derecho a contraprestación económica por la energía excedentaria que vierten de a la red. Los consumidores que se acojan al tipo 1 deben inscribirse en el registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica.
  • La de tipo 2, para instalaciones de más de 100 kW y consumidores asociados a una instalación de producción debidamente inscrita en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica conectada en el interior de su red o bien conectado a través de una línea directa con una instalación de producción. Igualmente deben inscribirse en el registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica, y habrán de liquidar los correspondientes peajes de acceso o impuesto al sol. En definitiva los consumidores que se acojan a este segundo tipo de autoconsumo tendrán la consideración de productores de energía eléctrica. A diferencia de los de tipo 1, estos sí pueden obtener una contraprestación económica por la energía excedentaria que vierten a la red.

Otras cuestiones de interés:

  • Todas las modalidades de autoconsumo tienen una permanencia de 1 año con la empresa distribuidora o comercializadora con la que se haya celebrado el contrato de acceso, que el Real Decreto obliga a celebrar para acogerse a cualquiera de las dos modalidades.
  • Al hilo de la innovación que ha supuesto la introducción de la batería TESLA, la norma prevé el cobro de otra clase de peajes para quien decida almacenar la energía producida por su instalación; estos costes no tienen sentido alguno para los consumidores de tipo 1, y menos para los que dentro de esta categoría tengan hasta 10 kW contratados.

Desde un punto de vista de legalidad, las dudas que nos plantea la norma analizada no son pocas, pasando a grandes rasgos:

  • Por la discriminación entre los consumidores.
  • Por ir a la contra de los objetivos de la Unión Europea en materia de energía y cambio climático, que se fundamenta en el impulso y no en la coerción de las energías renovables.
  • Porque socializa sobremanera los costes de un modelo energético obsoleto que sólo beneficia a las grandes empresas energéticas en detrimento de la libertad de competencia, en lo que vienen ser ayudas de Estado encubiertas de dichas compañías, impidiendo o dificultando la entrada de los pequeños productores vía impuestos o peajes.
  • Entre otras.

Si le afecta esta regulación, sea pequeño consumidor o empresa afectada, y quiere recurrir judicialmente el Real Decreto de Autoconsumo, póngase en contacto con nosotros; estaremos encantados de ayudarle.

Evolución del precio de la gasolina en el periodo julio-agosto de 2015, según Informe de Supervisión de la CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha publicado el pasado 29 de septiembre el Informe Mensual de Supervisión de la Distribución De Carburante en Estaciones de Servicio, julio-agosto 2015, que recoge la evolución del precio de la gasolina 95 y el gasóleo A para Península y Baleares antes de impuestos, de estos hidrocarburos:

Gasolina 95

La gasolina 95 experimentó una bajada de precio del 5,9% (-7,8c€/lt). En una comparativa en el ámbito de la Unión Europea respecto España se situaría, antes de impuestos, en el octavo lugar para la gasolina 95.

Esta bajada promedia en el precio de la gasolina 95, por otro lado la más demandada por conductores de turismos supone una disminución del precio de venta al público (PVP) durante el periodo estival, en el que a su vez se produce un aumento de la demanda de carburante. Lo que no abarca el informe es el promedio de precios de venta al público después de impuestos.

Diésel

En el caso del gasóleo A (más conocido como diésel) se detecta  una disminución en el precio medio del 5,3% (-6,1 c€/lt).

En este caso respecto de otros países de la Unión Europea esta bajada de precio del gasóleo A antes de impuestos, sitúa a nuestro país en la duodécima posición.

Respecto del PVP igualmente se produce una disminución.

Precios en instalaciones de servicios

También abarca el informe las diferencias en el coste de hidrocarburos para locomoción en las instalaciones de servicio de las distribuidoras que operan en España.

Las instalaciones integradas en la red de BP OIL han registrado los precios más altos en gasolina 95 en promedio mensual en los meses de julio y agosto y los más altos para el gasóleo A en el mes de agosto. En el nivel más bajo del ranking que contempla el Informe de la CNMC, se encontraría REPSOL que resultó ser en verano a distribuidora más barata de gasolina 95, seguida de cerca por CEPSA.

El resto operadores contemplados han mantenido los precios promedios más bajos en gasolina 95, aunque no así en gasoil A donde los mejores precios medios fueron ofrecidos por CEPSA.

Conclusiones

En definitiva se observa que en los meses de mayor demanda de carburantes, coincidente precisamente con la temporada alta de las vacaciones de verano, se reducen los precios de los hidrocarburos de consumo, fundamentalmente gasolina 95 y gasóleo A (diésel).

Sin embargo todo análisis de la evolución del precio de los carburantes en España es más certero después de impuestos, ya que un muy relevante porcentaje del precio de los hidrocarburos viene asociado a los mismos.

Desde LHM Legal asesoramos de manera integral a las empresas que realizan su actividad en los sectores regulados a cumplir el ordenamiento jurídico y a realizar las declaraciones pertinentes a la Administración. Ponte en contacto con nosotros y resolveremos tus dudas.