Eficiencia Energética en edificios

Desde LHM Legal queremos que reflexiones acerca de la problemática que atañe hoy en día en España, sobre la eficiencia energética.

¿Realmente en tu vivienda ahorras en energía cuando utilizas la calefacción, el agua caliente, iluminación, electrodomésticos , etc?

¿En tu empresa se utiliza la electricidad, los combustibles, el mantenimiento de equipos en general, de manera eficaz y responsable?

¿Eres constructor o promotor inmobiliario? ¿quieres alquilar o vender una vivienda que aún no tiene certificado de eficiencia energética?

¿Has oído hablar actualmente de la modificación del Real Decreto sobre Eficiencia Energética en edificios y qué requisitos deben cumplir los edificios de nueva creación?

Real Decreto 564/2017

El despacho de abogados LHM Legal quiere informarte de la modificación que ha hecho el Gobierno del Real Decreto 235/ 2013 de 5 de abril, con el fin de que España se adapte a la Directiva Europea sobre eficiencia energética. El nuevo Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, aprueba el procedimiento de certificación de la eficiencia energética de los edificios.

¿A quién afecta?

Se trata de una normativa que afecta no sólo a los promotores y constructores inmobiliarios, sino, en definitiva, a todo aquel que quiera vender o alquilar una vivienda.

En este sentido, resultan de aplicación estas novedades en materia de eficiencia energética a los edificios de nueva construcción; los edifcios que se vendan o alquilen a un nuevo inquilino si no tienen ya, al tiempo de la venta o alquiler, de un certificado de eficiencia energética.También a aquellos edificios en que una autoridad pública ocupe al menos 250 metros cuadrados y sean frecuentados por el público (es decir, edificios de las administraciones públicas).

Se salvan de estas exigencias regulatorias aquéllos edificios que tengan un valor arquitectónico o histórico tal, que su adecuación a los requisitos de eficiencia energética les haga perder dicho aspecto o valor; iglesias y lugares de culto; construcciones provisionales por menos de dos años; edificios industriales, de defensa y agrícolas no residenciales que presenten una baja demanda energética; edificios de menos de 50 metros cuadrados; los que sean comprados para demolición o reforma integral, y algunos inmuebles de uso vacacional o estacional.

Información a los afectados

En este sentido las novedades que supone el Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, BOE de 6 de junio, son:

  • Se declara que los edificios de nueva creación serán edificios de consumo de energía casi nulo. Se señala como fecha límite el 31 de diciembre de 2020.
  • Los edificios nuevos que vayan a estar ocupados y sean de titularidad pública, serán edificios de consumo de energía casi nulo después del 31 de diciembre de 2018.
  • Obtención del certificado y obligación de exhibir la etiqueta de eficiencia energética en edificios protegidos oficialmente. 

En LHM Legal realizamos un exhaustivo asesoramiento legal para que te adelantes a tus problemas sobre eficiencia energética en edificios y no tengas conflictos con la Administración.

Si conoces a alguien que le afecte esta problemática, no dudes en contactar con nosotros.

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad Industrial frente a incendios

El Boletín Oficial del Estado  (BOE) publica el pasado lunes 12 de junio el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (en adelante, el Reglamento contra Incendios). Este Reglamento deroga el anterior del año 1993, y actualiza los requisitos de seguridad contra incendios en el ámbito industrial, conforme al Derecho de la Unión Europa.

El Reglamento contra Incendios llega en un momento de crítica social y de varios sectores de la industria, tras el incendio de diferentes naves industriales en España, alguno con víctimas mortales.

¿A quien afecta?

El Reglamento es aplicable tanto a las empresas instaladoras como a las empresas mantenedoras de protección contra incendios. También alcanza a los fabricantes importadores, distribuidores u organismos que intervengan en la certificación o evaluación técnica de los productos.

LHM Legal Counsel presta un excelente asesoramiento “a todos aquéllos que puedan verse afectados por esta regulación , ya sean instaladores, mantenedores, fabricantes e importadores”.

Exigencias administrativas

Además de los requisitos de los productos implicados en la prevención contra incendios que, para ser homologados y “usables” en el territorio de la Unión Europea deberán ir provistos del “marcado CE”, referencia que indica que un producto cumple con los estándares de calidad y seguridad en el entorno de la Unión Europea, por tanto,se exigen los siguientes requisitos administrativos -resumimos los más destacables- a los instaladores y fabricantes, como requisito previo para operar, so pena de multa y otras responsabilidades:

  • Los instaladores y mantenedores habrán de suscribir un Seguro de responsabilidad civil con cobertura mínima de 800.000 euros,
  • disponer de un certificado de calidad del sistema implantado, emitido por certificador autorizado,
  • y recabar la habilitación de la autoridad administrativa competente.

Controles y inspecciones

Establece además el Reglamento otras prevenciones en las fases de instalación y puesta en marcha, ente ellas:

  • la comunicación de los equipos y sistemas de protección contra incendios a instalar a la administración competente,
  • la presentación de un certificado de conformidad antes de la puesta en funcionamiento.

Afecta la norma también al ámbito de la construcción, pues se exigirá que las instalaciones de protección contra incendios en los edificios cuenten con un “Documento Básico de “Seguridad en caso de Incendio (SI)”.

Finalmente se prevé la realización de inspecciones periódicas al menos cada 10 años.

Multas y sanciones

Para este colectivo es de vital importancia la prevención para evitar grandes sanciones administrativas, que son las dispuestas en Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Pueden consistir:

  • en multa desde 3.005, 06 hasta 601.012,10 euros,
  • suspensión de la actividad o cierre del establecimiento por un periodo de hasta 5 años,
  • indemnizaciones de daños y perjuicios a terceros,
  • y eventuales responsabilidades penales.

En LHM Legal Counsel somos expertos en derecho preventivo, adecuación normativa, procedimiento sancionador, y tramitación de “marcado CE” de productos. No incumplas la ley, evita tus riesgos. Contáctanos. Estaremos encantados de ayudarte.

Transparencia en la contratación pública

Con la nueva composición de las cámaras (Congreso de los Diputados y Senado) tras la reciente investidura de Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno, se reanuda la actividad legislativa, que ha permanecido en suspenso durante el periodo de tiempo de Gobierno en funciones.

Destacan, a nivel regulatorio, muchas proposiciones de ley (es decir, propuestas de ley que provienen no directamente del Gobierno sino de los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso,) que se han presentado para su tramitación en el Congreso de los Diputados.


Publicidad y Transparencia, exigencias de la Unión Europea

En este artículo se analiza el contenido de la Proposición de Ley de medidas para promover la transparencia en la contratación pública, si bien debe tenerse en cuenta que la redacción final del texto, de llegar a prosperar y aprobarse como ley, puede variar en su tramitación parlamentaria.

Serían propósitos de la posible Ley, según su Exposición de Motivos, cumplir con los objetivos de déficit público además de con la Directiva 2014/24/CE, sobre contratación pública, en ambos casos por entender que las contrataciones públicas celebradas en nuestro país, de no contar con los mecanismos de supervisión y prevención del fraude adecuados, podrían poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit público. Las consecuencias de ello serían sanciones de Europa a la Administración española por no cumplir esta con los objetivos de la citada Directiva.


Novedades que introduce la proposición de ley

En este sentido, las modificaciones que, en este caso, el Grupo Parlamentario Popular, autor de la proposición, pretende introducir en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, son las siguientes:

  1. La obligación de publicidad de la licitación en los procedimientos negociados. Este procedimiento hasta la fecha se está celebrando sin publicidad y sin transparencia, siendo por tanto el que más fraudes permite dentro del ordenamiento actual. Se utiliza para la adjudicación de contratos sin concurrencia competitiva; es decir, el adjudicatario es un empresario directamente elegido por la Administración.
  2. La designación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado como órgano interlocutor con la Comisión Europea. Será igualmente el órgano supervisor, en coordinación con la Intervención General de la Administración del Estado, del desempeño y cumplimiento por los poderes adjudicadores del sector público estatal.
  3. La elaboración anual por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de una Estrategia Nacional de Supervisión para todo el sector público, en coordinación con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.
  4. Además, se prevé la creación del Comité de Cooperación en materia de Contratación Pública, para establecer criterios comunes en materia de interpretación normativa y criterios de supervisión común a todas las Administraciones, estatal, autonómica y local que coexisten en el territorio del Estado.

Finamente y para la operatividad de todo lo anterior, pero en general de toda la legislación de contratación del Estado, se deja a desarrollo reglamentario posterior la aprobación de la estructura orgánica y especialidades organizativas y funcionales de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y del Comité de Cooperación en materia de Contratación Pública.


Conclusiones

De todo ello, en nuestra opinión, lo más loable es la introducción de la exigencia de publicidad en los procedimientos negociados, permitiéndose con ello no sólo evitar que la contratación de las administraciones españolas ponga en riesgo los objetivos de equilibrio financiero y reducción del déficit de las arcas públicas, sino también, por la transparencia que la publicidad permite, el escrutinio público de la actuación de los poderes adjudicadores y los adjudicatarios.

En LHM Legal somos expertos en contratación pública y asesoramiento jurídico regulatorio. Para más información, contáctenos. Estaremos encantados de ayudarle.

Biocarburantes y reforzamiento de los derechos del consumidor de gas

Ahora que a raíz de la reciente Cumbre de París sobre Cambio Climático está bien presente la protección del medio ambiente y reducción de gases de efecto invernadero, conviene analizar las medidas que al respecto está adoptando el Estado español para cumplir con la Agenda Europa 2020 para asegurar el crecimiento sostenible. En ese artículo nos centraremos en analizar el contenido del recientemente aprobado Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, de fomento de los Biocarburantes –BOE de 5 de diciembre- (en adelante el Real Decreto), que persigue aumentar la utilización de combustibles renovables, entre ellos los biocarburantes, tanto en el transporte como en los hogares.

El Real Decreto se encarga de desarrollar determinadas leyes que en los últimos años han venido a trasponer determinadas Directivas de la Unión Europea sobre la materia, y que al objeto de no aburrir al lector no vamos a exponer. Desgranamos el contenido esencial de la norma en las siguientes líneas:


Obligaciones de los Estados Miembros de la Unión Europea en materia de biocarburantes

Se impone a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) la tarea de exigirse y exigir el cumplimiento de determinados criterios de eficiencia energética para luchar contra el calentamiento global derivado de la emisión de gases nocivos. Por tanto la idea que impera en esta normativa es la sustitución de fuentes de energía que emiten gases de efecto invernadero por fuentes de energía renovable o energías verdes. En nuestro marco constitucional las competencias sobre la materia del Estado español se canalizan a través de la administración central, autonómica y local.

En particular, el Gobierno, está habilitado (no olvidemos que dentro del cumplimiento de los parámetros que marca Europa para 2020) para regular los porcentajes a alcanzar de venta o consumo de biocarburantes sobre el total del gasóleo vendido o consumido. Para ello, tendrá en cuenta diversos factores que pueden influir en la evolución de dicho consumo como pueden ser la cuota de electricidad producida a partir de energías renovables, el progreso energético o la normativa europea.

Los órganos competentes de la Comunidad Autónoma o Municipio habrán de informar al Gobierno antes del 31 de diciembre de cada año, del ahorro energético conseguido gracias a actuaciones llevadas a cabo su territorio. Para el periodo comprendido entre 1 de enero de 2014 y la entrada en vigor del presente Real Decreto a 6 de diciembre de 2015, podrán presentar la información de manera agregada.


Cuotas de energía procedente de biocarburantes por año

En términos generales, para este año se establecido que como mínimo un 4,3% de la energía que se consume anualmente debe provenir de los biocarburantes. Irá en aumento hasta el 2020 que habrá de ser del 8,5%. Si bien, en este último porcentaje indicado, la proporción de energía procedente de cultivos de cereales, o ricos en almidón, azúcares, oleaginosas u otros, no debe superar el 7%.

La presencia en el consumo final de biocarburantes fabricados a partir de  cultivos que no sean ricos en cualquiera de dichos componentes, no estará sujeto a ese porcentaje bajo determinados requisitos.

En cuanto a los biocarburantes con origen en algas o residuos, el Gobierno fijará cada año aquéllos porcentajes a los que únicamente estarán sujetos, los operadores al por mayor, las empresas que desarrollen la actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos (en adelante gasolineras) y los consumidores de productos petrolíferos.


Obligaciones de las gasolineras

Se dejará a elección de las gasolineras la publicitación del operador mayorista o distribuidor del que adquieran el combustible, indicando, en su caso, fecha de adquisición, producto, cantidad en metros cúbicos y denominación social.

Sin embargo, habrán de avisar con el rótulo “Antes de utilizar este producto asegúrese de que es apto para su motor”, si la gasolina contiene más de un 5% de volumen de bioetanol o de 2,7% en masa de oxígeno.

Toda materia prima utilizada en los biocarburantes deberá ir acompañada de las certificaciones correspondientes.


CNMC y Corporación de Reservas Energéticas de Productos Petrolíferos

El Real Decreto también hace referencia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)así como a la Corporación de Reservas Energéticas de Productos Petrolíferos (CORES) ambas encargadas de hacer un estudio conjunto sobre las ventas realizadas por las personas físicas o jurídicas operadoras en el mercado de hidrocarburos en el año anterior, con el fin de llevar a cabo un control de la evolución del ahorro energético o del aumento de la demanda de energía. Dicha información es enviada electrónicamente a la Dirección General de Política Energética y Minas.

La CNMC, como regulador del mercado, tiene además la misión de velar por la salvaguarda del principio de eficiencia energética en toda regulación de la actividad destinada a la explotación de infraestructuras de gas y electricidad.


Consumidores de gas

El Real Decreto, establece las siguientes normas para la protección de los consumidores –también aplicables a los consumidores de energía eléctrica-:

Factura Electrónica:

Los consumidores tienen derecho de acceso telemático a sus facturas y a los datos personales que de ellos se recopile (LOPD), así como a los datos del contrato con su comercializador. Este derecho de acceso a los datos se conserva aun cuando el consumidor decide cambiar de comercializador. Este derecho se mantiene en todo caso durante dos años para los consumidores de gas-tres en el supuesto de la energía eléctrica-.

Contadores y lecturas:

El consumidor tiene derecho a que el comercializador le informe sobre los contadores de telegestión –inteligentes-,  para que el propio cliente pueda hacer un correcto seguimiento de su consumo de gas.

Antes de diciembre de 2016 la CNMC tiene encomendada a elaboración de un estudio sobre el precio aplicable al alquiler de contadores.

En cada punto de suministro se ha de incorporar  un equipo de medida (lo que conocemos como el contador de gas), que podrá ser propiedad del consumidor o de la compañía distribuidora, que cobrará el correspondiente alquiler al consumidor.

El consumidor deberá permitir la entrada al personal de la compañía distribuidora para que proceda a la lectura, instalación, retirada, sustitución, mantenimiento del contador.

Si el contador estuviese en el interior de la vivienda, la distribuidora lo comunicará con antelación al cliente con al menos dos días de antelación.

En caso de que el distribuidor no vaya, el consumidor podría realizar la lectura.

La lectura se hará de forma mensual en caso de que exista un consumo anual superior a 100.000 kWh. En caso contrario, se harán mensuales o bimestrales.

Eventuales refacturaciones al consumidor por diferencias entre gas o energía consumida y gas o energía facturadas:

Si diferencia entre lo consumido y lo debidamente abonado es negativa a favor del consumidor, se prorrateará por la comercializadora entre tantas facturas como meses transcurrieron, de tal manera que el consumidor lo irá pagando proporcionalmente en las factura posteriores. Si se abonó de más por el consumidor entonces se devolverá el exceso íntegro junto con el interés legal del dinero vigente en la inmediata factura siguiente, no pudiendo prorratearse.

Implantación de los contadores inteligentes:

Al igual que ya se está haciendo con los contadores de energía eléctrica, la tendencia que marca Europa y se implantará en España apunta a la sustitución de los actuales contadores de gas por contadores inteligentes de lectura remota e imposible manipulación.

Para asegurar esta implantación paulatina, lo que prevé el Real Decreto que aquí se analiza es el seguimiento por parte del  Ministro Industria, Energía, y Turismo, que deberá observar el funcionamiento de los equipos de medida, y, en definitiva, decidir la implantación obligatoria los contadores inteligentes, sin perjuicio de que los distribuidores empiecen a implantar esos contadores en sus redes de distribución siempre y cuando no encarezcan los costes a los consumidores; lo que trata de evitar el Real Decreto con esta última previsión son los excesos de facturación que han registrado las grandes distribuidoras de energía eléctrica al implantar los  contadores inteligentes, dando origen a denuncias, investigaciones y sanciones de la CNMC en los últimos meses.

En cuanto a las facturas derivadas de la actividad de suministro de energía eléctrica y gas natural, deberán contener además de todas las variables que sirvan para su cálculo, en el caso de las de empresas comercializadoras, una información concreta.

Exigencias en las facturas:

Por último, y de nuevo con el fin de proteger al consumidor final, tanto en las facturas emitidas al cliente como en las páginas web de los distribuidores, comercializadores y suministradores, estos quedan obligados a incluir los datos de contacto y la página web de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la  Energía y del organismo competente de la Comunidad Autónoma, a efectos de que el cliente sepa en todo momento a quién dirigir las correspondientes reclamaciones relacionadas con la facturación de gas consumido, la calidad en el suministro o la información que le es facilitada por las empresas con las que ha contratado.

El incumplimiento de esta obligación constituye una infracción grave, y da un importantísimo paso adelante en la defensa de los derechos e intereses de los consumidores de gas, hasta el momento muy desprotegidos.