Céntimo sanitario: derecho a la íntegra devolución retroactiva

La semana pasada conocíamos dos Sentencias de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, (sentencia  número 350 y sentencia número 351/2016), por las que se reconoce a las reclamantes, dos empresas de transporte,  el derecho a la devolución de los importes liquidados en concepto de Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, conocido como céntimo sanitario, y que ha afectado en especial a los empresarios dedicados al transporte de mercancías por carretera.

Este impuesto, que en principio fue justificado por el legislador español como un tributo de carácter medioambiental con el objetivo de financiar la sanidad, fue declarado ilegal por Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 27 de febrero de 2014 (en el asunto Jordi Besora), por tener realmente finalidad recaudatoria o meramente contributiva, coincidiendo su hecho imponible con el de otros tributos –en concreto el IVA y el Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos-, e incurriendo por lo tanto en doble imposición (pagar dos veces por lo mismo), que no permite el Derecho de la Unión Europea.

En la Sentencia de 27 de febrero de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desarmó la supuesta finalidad medioambiental del tributo por considerar que destinar de modo genérico la recaudación a financiar la sanidad pública no justificaba gravar el consumo de estos hidrocarburos asociados al trasporte. Para ser legal el tributo, el destino de los fondos tendría que haber sido, por ejemplo, reducir el impacto de determinadas actividades, como el transporte, sobre el medio ambiente.

Pero pesar de dicho fallo, la Agencia Tributaria sólo ha accedido hasta el momento a la devolución de los importes recaudados para los ejercicios fiscales no prescritos, es decir, como mucho los cuatro años previos al dictado de esta Sentencia de la Justicia Europea. En este sentido, como el impuesto entró en vigor a 1 de enero de 2002, lo que afirmaba a Administración del Estado es que las expectativas de devolución del contribuyente se debían reducir al periodo 2010-2014, no pudiendo recuperarse el céntimo sanitario de 2002 a 2009, ambos incluidos.


Por ello, las dos sentencias del Tribunal Supremo de fecha 18 de marzo de 2016 marcan un hito fundamental, por cuanto reconocen el derecho al reintegro retroactivo, desde 1 de enero de 2002, de todo lo pagado de más, estableciendo los siguientes criterios para lograr la íntegra devolución:

1º.- “La indemnización se integra por la suma de todas las cantidades abonadas durante la vigencia del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos contrario al Derecho de la Unión Europea, y reclamadas en el presente recurso contencioso administrativo (ejercicios 2002 a 2009).”

No acoge por tanto el Alto Tribunal el criterio de la Abogacía del Estado en que hasta el momento se enrocaba la Agencia Tributaria, que era el de la devolución de los periodos no prescritos (sólo 2010 a 2014).

2º.- “La cantidad anterior únicamente podrá verse minorada con las cantidades que, en el momento de efectuarse el pago de la indemnización por responsabilidad, la recurrente ya hubiera percibido, por devolución de ingresos indebidos, respecto de ese mismo impuesto contrario al Derecho de la Unión Europea y ejercicios.”

Es decir, que de la cantidad íntegra de lo que hubiera pagado de más el contribuyente sólo se va a restar lo que, a consecuencia de la estimación parcial por los años no prescritos, la Hacienda Pública ya hubiera devuelto al contribuyente.

3º.- “También podrá minorarse la citada cantidad por las cantidades que, en el momento de efectuarse el pago de la indemnización por responsabilidad, la recurrente ya hubiera percibido por las devoluciones del tramo autonómico respecto del gasóleo profesional, respecto de ese mismo impuesto y ejercicios.”

Esto es así porque en ocasiones las Comunidades Autónomas, a diferencia de la Hacienda estatal, sí han devuelto a los reclamantes la totalidad del tramo autonómico del tributo que ellas habían recaudado a través del Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos.

4º.- “Se abonarán los intereses legales de la cantidad reclamada una vez restadas, en su caso, las cantidades recibidas por devolución de ingresos indebidos o respecto del gasóleo profesional (apartados B y C), desde el día de la presentación de la reclamación hasta la fecha de notificación de esta sentencia. Con aplicación, a partir de ese momento, de lo dispuesto en el artículo 106.2 de la LJCA. ”

De nuevo, una vez restadas las cantidades a que nos hemos referido más arriba, a la devolución por cobro indebido del céntimo sanitario, para colmo, habrán de sumarse, a favor del contribuyente, los intereses.


En definitiva, estas sentencias hacen Justicia a los transportistas y demás empresas que han sufrido el céntimo sanitario, obligando al Estado español a acatar la sentencia que ya en febrero de 2014 dictara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Si usted se ha visto afectado por el céntimo sanitario, contáctenos. Estaremos encantados de ayudarle.

Biocarburantes y reforzamiento de los derechos del consumidor de gas

Ahora que a raíz de la reciente Cumbre de París sobre Cambio Climático está bien presente la protección del medio ambiente y reducción de gases de efecto invernadero, conviene analizar las medidas que al respecto está adoptando el Estado español para cumplir con la Agenda Europa 2020 para asegurar el crecimiento sostenible. En ese artículo nos centraremos en analizar el contenido del recientemente aprobado Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, de fomento de los Biocarburantes –BOE de 5 de diciembre- (en adelante el Real Decreto), que persigue aumentar la utilización de combustibles renovables, entre ellos los biocarburantes, tanto en el transporte como en los hogares.

El Real Decreto se encarga de desarrollar determinadas leyes que en los últimos años han venido a trasponer determinadas Directivas de la Unión Europea sobre la materia, y que al objeto de no aburrir al lector no vamos a exponer. Desgranamos el contenido esencial de la norma en las siguientes líneas:


Obligaciones de los Estados Miembros de la Unión Europea en materia de biocarburantes

Se impone a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) la tarea de exigirse y exigir el cumplimiento de determinados criterios de eficiencia energética para luchar contra el calentamiento global derivado de la emisión de gases nocivos. Por tanto la idea que impera en esta normativa es la sustitución de fuentes de energía que emiten gases de efecto invernadero por fuentes de energía renovable o energías verdes. En nuestro marco constitucional las competencias sobre la materia del Estado español se canalizan a través de la administración central, autonómica y local.

En particular, el Gobierno, está habilitado (no olvidemos que dentro del cumplimiento de los parámetros que marca Europa para 2020) para regular los porcentajes a alcanzar de venta o consumo de biocarburantes sobre el total del gasóleo vendido o consumido. Para ello, tendrá en cuenta diversos factores que pueden influir en la evolución de dicho consumo como pueden ser la cuota de electricidad producida a partir de energías renovables, el progreso energético o la normativa europea.

Los órganos competentes de la Comunidad Autónoma o Municipio habrán de informar al Gobierno antes del 31 de diciembre de cada año, del ahorro energético conseguido gracias a actuaciones llevadas a cabo su territorio. Para el periodo comprendido entre 1 de enero de 2014 y la entrada en vigor del presente Real Decreto a 6 de diciembre de 2015, podrán presentar la información de manera agregada.


Cuotas de energía procedente de biocarburantes por año

En términos generales, para este año se establecido que como mínimo un 4,3% de la energía que se consume anualmente debe provenir de los biocarburantes. Irá en aumento hasta el 2020 que habrá de ser del 8,5%. Si bien, en este último porcentaje indicado, la proporción de energía procedente de cultivos de cereales, o ricos en almidón, azúcares, oleaginosas u otros, no debe superar el 7%.

La presencia en el consumo final de biocarburantes fabricados a partir de  cultivos que no sean ricos en cualquiera de dichos componentes, no estará sujeto a ese porcentaje bajo determinados requisitos.

En cuanto a los biocarburantes con origen en algas o residuos, el Gobierno fijará cada año aquéllos porcentajes a los que únicamente estarán sujetos, los operadores al por mayor, las empresas que desarrollen la actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos (en adelante gasolineras) y los consumidores de productos petrolíferos.


Obligaciones de las gasolineras

Se dejará a elección de las gasolineras la publicitación del operador mayorista o distribuidor del que adquieran el combustible, indicando, en su caso, fecha de adquisición, producto, cantidad en metros cúbicos y denominación social.

Sin embargo, habrán de avisar con el rótulo “Antes de utilizar este producto asegúrese de que es apto para su motor”, si la gasolina contiene más de un 5% de volumen de bioetanol o de 2,7% en masa de oxígeno.

Toda materia prima utilizada en los biocarburantes deberá ir acompañada de las certificaciones correspondientes.


CNMC y Corporación de Reservas Energéticas de Productos Petrolíferos

El Real Decreto también hace referencia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)así como a la Corporación de Reservas Energéticas de Productos Petrolíferos (CORES) ambas encargadas de hacer un estudio conjunto sobre las ventas realizadas por las personas físicas o jurídicas operadoras en el mercado de hidrocarburos en el año anterior, con el fin de llevar a cabo un control de la evolución del ahorro energético o del aumento de la demanda de energía. Dicha información es enviada electrónicamente a la Dirección General de Política Energética y Minas.

La CNMC, como regulador del mercado, tiene además la misión de velar por la salvaguarda del principio de eficiencia energética en toda regulación de la actividad destinada a la explotación de infraestructuras de gas y electricidad.


Consumidores de gas

El Real Decreto, establece las siguientes normas para la protección de los consumidores –también aplicables a los consumidores de energía eléctrica-:

Factura Electrónica:

Los consumidores tienen derecho de acceso telemático a sus facturas y a los datos personales que de ellos se recopile (LOPD), así como a los datos del contrato con su comercializador. Este derecho de acceso a los datos se conserva aun cuando el consumidor decide cambiar de comercializador. Este derecho se mantiene en todo caso durante dos años para los consumidores de gas-tres en el supuesto de la energía eléctrica-.

Contadores y lecturas:

El consumidor tiene derecho a que el comercializador le informe sobre los contadores de telegestión –inteligentes-,  para que el propio cliente pueda hacer un correcto seguimiento de su consumo de gas.

Antes de diciembre de 2016 la CNMC tiene encomendada a elaboración de un estudio sobre el precio aplicable al alquiler de contadores.

En cada punto de suministro se ha de incorporar  un equipo de medida (lo que conocemos como el contador de gas), que podrá ser propiedad del consumidor o de la compañía distribuidora, que cobrará el correspondiente alquiler al consumidor.

El consumidor deberá permitir la entrada al personal de la compañía distribuidora para que proceda a la lectura, instalación, retirada, sustitución, mantenimiento del contador.

Si el contador estuviese en el interior de la vivienda, la distribuidora lo comunicará con antelación al cliente con al menos dos días de antelación.

En caso de que el distribuidor no vaya, el consumidor podría realizar la lectura.

La lectura se hará de forma mensual en caso de que exista un consumo anual superior a 100.000 kWh. En caso contrario, se harán mensuales o bimestrales.

Eventuales refacturaciones al consumidor por diferencias entre gas o energía consumida y gas o energía facturadas:

Si diferencia entre lo consumido y lo debidamente abonado es negativa a favor del consumidor, se prorrateará por la comercializadora entre tantas facturas como meses transcurrieron, de tal manera que el consumidor lo irá pagando proporcionalmente en las factura posteriores. Si se abonó de más por el consumidor entonces se devolverá el exceso íntegro junto con el interés legal del dinero vigente en la inmediata factura siguiente, no pudiendo prorratearse.

Implantación de los contadores inteligentes:

Al igual que ya se está haciendo con los contadores de energía eléctrica, la tendencia que marca Europa y se implantará en España apunta a la sustitución de los actuales contadores de gas por contadores inteligentes de lectura remota e imposible manipulación.

Para asegurar esta implantación paulatina, lo que prevé el Real Decreto que aquí se analiza es el seguimiento por parte del  Ministro Industria, Energía, y Turismo, que deberá observar el funcionamiento de los equipos de medida, y, en definitiva, decidir la implantación obligatoria los contadores inteligentes, sin perjuicio de que los distribuidores empiecen a implantar esos contadores en sus redes de distribución siempre y cuando no encarezcan los costes a los consumidores; lo que trata de evitar el Real Decreto con esta última previsión son los excesos de facturación que han registrado las grandes distribuidoras de energía eléctrica al implantar los  contadores inteligentes, dando origen a denuncias, investigaciones y sanciones de la CNMC en los últimos meses.

En cuanto a las facturas derivadas de la actividad de suministro de energía eléctrica y gas natural, deberán contener además de todas las variables que sirvan para su cálculo, en el caso de las de empresas comercializadoras, una información concreta.

Exigencias en las facturas:

Por último, y de nuevo con el fin de proteger al consumidor final, tanto en las facturas emitidas al cliente como en las páginas web de los distribuidores, comercializadores y suministradores, estos quedan obligados a incluir los datos de contacto y la página web de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la  Energía y del organismo competente de la Comunidad Autónoma, a efectos de que el cliente sepa en todo momento a quién dirigir las correspondientes reclamaciones relacionadas con la facturación de gas consumido, la calidad en el suministro o la información que le es facilitada por las empresas con las que ha contratado.

El incumplimiento de esta obligación constituye una infracción grave, y da un importantísimo paso adelante en la defensa de los derechos e intereses de los consumidores de gas, hasta el momento muy desprotegidos.

Urbanismo (I): sostenibilidad en la nueva Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana

Ese artículo es el primero de una serie que dedicaremos en LHM LEGAL a la materia de Urbanismo, en los que se abordarán las novedades que introduce el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, publicado en el BOE el día 31 de octubre de 2015, y que refunde en una única norma el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que aprobaba el texto refundido de la Ley del Suelo, y la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Con este propósito, este primer post analiza las aportaciones del texto a la sostenibilidad ambiental del medio urbano.


Urbanismo sostenible

Lo primero a destacar de la norma es que introduce un nuevo modelo de urbanismo, no centrado tanto en el impulso de las edificaciones –el parque de viviendas sin vender en España fruto de la burbuja inmobiliaria es inmenso-, sino en la rehabilitación de las viviendas ya existentes. Es decir, supone el giro desde un urbanismo en horizontal con afán expansivo en el espacio, hacia un modelo de urbanismo vertical, cuyo fin es adecuar el parque de viviendas ya existente a mejoras de habitabilidad, accesibilidad e introducción de criterios de eficiencia energética en los edificios con la incorporación de las energías renovables.

En este sentido, entre las medidas del texto refundido para acomodarse al “principio de desarrollo territorial y urbano sostenible” a que dedica su artículo 3, sugiere a los poderes públicos priorizar las energías renovables frente a la utilización de fuentes de energía fósil, combatiendo la pobreza energética, fomentando el ahorro energético y el uso eficiente de los recursos y de la energía, preferentemente de generación propia. Esta mención velada al autoconsumo eléctrico llama positivamente la atención en el sentido de que el Ministerio de Fomento, del que emana el texto ahora analizado, parece más comprensivo con la autogeneración de energía para consumo propio en aras de una mayor eficiencia y ahorro energéticos que el Ministerio de Industria, que hace semanas hacía gala de su oposición a una medida tan esperada con la publicación de un Reglamento plagado de peajes o impuestos al sol.


Evaluación de edificios

Volviendo a la materia objeto de este artículo, pretende favorecer esta norma un uso racional del agua, y la implantación de una mejor tecnología a un precio razonable, con el objetivo de contribuir desde el medio urbano a la reducción de emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, racionalización del consumo de agua, energía y producción de residuos. Desde este punto de vista el urbanismo debe entenderse como otro de los medios que contribuyan a un uso racional de los recursos naturales, fomentando la colaboración para la consecución de estos propósitos entre administraciones públicas y sociedad civil, a través de la inclusión en el Real Decreto de varios Estatutos dirigidos a este fin, como es el Estatuto básico del ciudadano o el Estatuto básico de la iniciativa y la participación pública y privada en la actividad urbanística.

Esta iniciativa privada en la trasformación urbanística engloba la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas que ya contemplaba la Ley 8/2013, si bien con algún añadido importante:

  • El artículo 29 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana desarrolla el Informe de Evaluación de los Edificios, especialmente aplicable a “los propietarios de inmuebles ubicados en edificaciones con tipología residencial de vivienda colectiva”. Es un documento que sirve a estas edificaciones para acreditar su estado de conservación y el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad universal, así como el grado de eficiencia energética.
  • Este Informe será redactado por los propietarios. Su no presentación supondrá una infracción urbanística susceptible de multa.
  • Una vez conocido el estado de conservación de los mismos, serán las propias administraciones públicas competentes las que determinarán cuándo habrán de asumir parte de los costes de rehabilitación y adecuación del parque urbano a criterios sostenibles, por lo que es de suponer que rara vez efectivamente lo asuman. En definitiva, se traslada sobre los propietarios de viviendas estas obligaciones de conservación del medio urbano.

Aplicaciones específicas de la norma son las siguientes:

  • Titulares de derechos de uso: la responsabilidad de rehabilitación la compartirán propietarios y titular del derecho de uso en la proporción determinada en el contrato;
  • Comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y a las cooperativas de viviendas: asumen la obligación con respecto a los elementos comunes de la construcción, el edificio, el complejo inmobiliario en régimen de propiedad horizontal o el condominio.

Respeto del entorno y del paisaje

Por último, es importante recalcar que los deberes de conservación no sólo recaen en lo que ya está edificado o en proceso de edificación sino también sobre suelos urbanizables –es decir, suelos hasta el momento “vírgenes” o no urbanizados sobre los que ya se haya aprobado el destino a fines de suelo urbano-. Es un fin loable del recién aprobado Texto Refundido su tendencia a evitar la especulación del suelo y la edificación no sostenible, exigiendo que en todo momento la edificación se adapte a su entorno natural, y del paisaje.


En LHM LEGAL asesoramos en materia urbanística e inmobiliaria; si es usted promotor inmobiliario o se dedica a la rehabilitación de edificios incorporando materiales o energías renovables, contacte con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.

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El autoconsumo, o de cómo legislar para suprimir

El pasado sábado 10 de octubre el BOE publicaba el polémico Reglamento del Autoconsumo -Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y producción con autoconsumo-, que viene a desarrollar y permitir en esta materia la aplicación, dos años más tarde, de la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Con este Reglamento por fin se instaura el “impuesto al sol”,  objeto de innumerables críticas desde la prensa y el propio sector renovable, que ha resultado ser muy poco escuchado por el Gobierno. En este post compartimos nuestras reflexiones sobre la nueva regulación del autoconsumo en España desde una voluntad normativa que parece querer evitar más que fomentar el objeto de su propia regulación.

Lo primero a destacar es que, dada la parca regulación contenida en la Ley que desarrolla, -apenas define el autoconsumo y sus modalidades la Ley del Sector Eléctrico-, toda la regulación que va a afectar a los consumidores, empresas y productores que se decanten por generar energía para consumo propio en su hogar o explotación la encontramos en el propio reglamento.

La finalidad de la norma según su  propia Exposición de Motivos es “garantizar un desarrollo ordenado de la actividad, compatible con la necesidad de garantizar la sostenibilidad técnica y económica del sistema eléctrico en su conjunto” siendo la fórmula para garantizar lo anterior que quien recurra al autoconsumo contribuya “a la financiación de los costes y servicios del sistema en la misma cuantía que el resto de los consumidores”. En definitiva lo que va a suponer la nueva regulación es disuadir a los consumidores de optar por el autoconsumo, ya que lo que hace el Reglamento por medio del “impuesto al sol” –pensado para cubrir la finalidad de financiación del sistema eléctrico y el modelo energético clásico por parte de los consumidores-, va a anular el ahorro que a un consumidor en condiciones normales supondría instalar placas solares en su tejado.

Esta finalidad no solo se logra con el impuesto al sol –que la norma denomina “peaje de acceso”- sino también con el hecho de que el Real Decreto para nada contempla el autoconsumo en “balance neto”, modalidad que consiste en verter a la red eléctrica el excedente no almacenable producido durante el día por las placas solares que tengamos instaladas, para poder beneficiarnos como retorno de la red eléctrica, tomando lo que necesitamos a menor coste, porque con nuestra generación energética estamos contribuyendo a la producción global de energía. Y ello porque el balance neto, que consiste en compensar lo que aporto a la red con lo que me beneficio de ella, supondría un enorme ahorro en nuestra factura de la luz en detrimento de las grandes comercializadoras de energía eléctrica.

Este balance neto vienen exigiéndolo desde hace tiempo las empresas y asociaciones representativa del sector de las energías renovables, y los propios ciudadanos, que ven cómo en el entorno internacional se hace apuesta gubernamental e institucional por el beneficioso impacto que tiene en el medio ambiente, ya que contrarresta las emisiones de efecto invernadero por un incremento del empleo de energías limpias e inagotables, y por cuanto aporta en la lucha frente a la pobreza energética.

El Reglamento contempla dos modalidades de autoconsumo:

  • La de tipo 1, para consumidores que no excedan de 100 kW de potencia contratada. Pensemos en el consumidor medio que tiene placas solares en su tejado, comunidades de propietarios o pequeñas empresas. Esta modalidad exige el pago del impuesto al sol, y la pérdida absoluta de la energía excedentaria , salvo que se quiera optar por instalar una batería de almacenamiento que comportará cargos adicionales; para los consumidores de este tipo 1, y en particular los que no pasen de los 10 kW, el almacenamiento por baterías es de rentabilidad dudosa, ya los consumidores de tipo 1 no tienen derecho a contraprestación económica por la energía excedentaria que vierten de a la red. Los consumidores que se acojan al tipo 1 deben inscribirse en el registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica.
  • La de tipo 2, para instalaciones de más de 100 kW y consumidores asociados a una instalación de producción debidamente inscrita en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica conectada en el interior de su red o bien conectado a través de una línea directa con una instalación de producción. Igualmente deben inscribirse en el registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica, y habrán de liquidar los correspondientes peajes de acceso o impuesto al sol. En definitiva los consumidores que se acojan a este segundo tipo de autoconsumo tendrán la consideración de productores de energía eléctrica. A diferencia de los de tipo 1, estos sí pueden obtener una contraprestación económica por la energía excedentaria que vierten a la red.

Otras cuestiones de interés:

  • Todas las modalidades de autoconsumo tienen una permanencia de 1 año con la empresa distribuidora o comercializadora con la que se haya celebrado el contrato de acceso, que el Real Decreto obliga a celebrar para acogerse a cualquiera de las dos modalidades.
  • Al hilo de la innovación que ha supuesto la introducción de la batería TESLA, la norma prevé el cobro de otra clase de peajes para quien decida almacenar la energía producida por su instalación; estos costes no tienen sentido alguno para los consumidores de tipo 1, y menos para los que dentro de esta categoría tengan hasta 10 kW contratados.

Desde un punto de vista de legalidad, las dudas que nos plantea la norma analizada no son pocas, pasando a grandes rasgos:

  • Por la discriminación entre los consumidores.
  • Por ir a la contra de los objetivos de la Unión Europea en materia de energía y cambio climático, que se fundamenta en el impulso y no en la coerción de las energías renovables.
  • Porque socializa sobremanera los costes de un modelo energético obsoleto que sólo beneficia a las grandes empresas energéticas en detrimento de la libertad de competencia, en lo que vienen ser ayudas de Estado encubiertas de dichas compañías, impidiendo o dificultando la entrada de los pequeños productores vía impuestos o peajes.
  • Entre otras.

Si le afecta esta regulación, sea pequeño consumidor o empresa afectada, y quiere recurrir judicialmente el Real Decreto de Autoconsumo, póngase en contacto con nosotros; estaremos encantados de ayudarle.

Evolución del precio de la gasolina en el periodo julio-agosto de 2015, según Informe de Supervisión de la CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha publicado el pasado 29 de septiembre el Informe Mensual de Supervisión de la Distribución De Carburante en Estaciones de Servicio, julio-agosto 2015, que recoge la evolución del precio de la gasolina 95 y el gasóleo A para Península y Baleares antes de impuestos, de estos hidrocarburos:

Gasolina 95

La gasolina 95 experimentó una bajada de precio del 5,9% (-7,8c€/lt). En una comparativa en el ámbito de la Unión Europea respecto España se situaría, antes de impuestos, en el octavo lugar para la gasolina 95.

Esta bajada promedia en el precio de la gasolina 95, por otro lado la más demandada por conductores de turismos supone una disminución del precio de venta al público (PVP) durante el periodo estival, en el que a su vez se produce un aumento de la demanda de carburante. Lo que no abarca el informe es el promedio de precios de venta al público después de impuestos.

Diésel

En el caso del gasóleo A (más conocido como diésel) se detecta  una disminución en el precio medio del 5,3% (-6,1 c€/lt).

En este caso respecto de otros países de la Unión Europea esta bajada de precio del gasóleo A antes de impuestos, sitúa a nuestro país en la duodécima posición.

Respecto del PVP igualmente se produce una disminución.

Precios en instalaciones de servicios

También abarca el informe las diferencias en el coste de hidrocarburos para locomoción en las instalaciones de servicio de las distribuidoras que operan en España.

Las instalaciones integradas en la red de BP OIL han registrado los precios más altos en gasolina 95 en promedio mensual en los meses de julio y agosto y los más altos para el gasóleo A en el mes de agosto. En el nivel más bajo del ranking que contempla el Informe de la CNMC, se encontraría REPSOL que resultó ser en verano a distribuidora más barata de gasolina 95, seguida de cerca por CEPSA.

El resto operadores contemplados han mantenido los precios promedios más bajos en gasolina 95, aunque no así en gasoil A donde los mejores precios medios fueron ofrecidos por CEPSA.

Conclusiones

En definitiva se observa que en los meses de mayor demanda de carburantes, coincidente precisamente con la temporada alta de las vacaciones de verano, se reducen los precios de los hidrocarburos de consumo, fundamentalmente gasolina 95 y gasóleo A (diésel).

Sin embargo todo análisis de la evolución del precio de los carburantes en España es más certero después de impuestos, ya que un muy relevante porcentaje del precio de los hidrocarburos viene asociado a los mismos.

Desde LHM Legal asesoramos de manera integral a las empresas que realizan su actividad en los sectores regulados a cumplir el ordenamiento jurídico y a realizar las declaraciones pertinentes a la Administración. Ponte en contacto con nosotros y resolveremos tus dudas.

Regulatorio: qué es y por qué lo necesitas

El asesoramiento Regulatorio, también conocido como Derecho de los Sectores Regulados, se ha ido incorporando desde hace unos pocos años a la cartera de servicios de despachos y firmas de alto nivel. En este post explicamos QUÉ ES, POR QUÉ y CÓMO LO HACEMOS EN LHM LEGAL y CÓMO TE PODEMOS AYUDAR

Qué es

Consiste en ayudar al cliente a enfrentar el riesgo de cambio constante y con mínimos periodos de adaptación que le impiden adecuarse a tiempo a las reglas de juego en aquellos mercados sujetos a una fuerte regulación por parte del Estado. Estos mercados son los “sectores regulados”, concepto que comprende áreas como energía, gas e hidrocarburos, telecomunicaciones, aguas o transportes, y que coinciden con aquellos antiguos monopolios estatales que se han ido liberalizando, de tal manera que ahora conviven necesidades de prestación de servicios públicos esenciales con la liberalización del sector y entrada de las empresas en libre mercado, generándose así conflictos entre el ejercicio de la actividad en libre competencia y el cumplimiento de todos los requerimientos legales.

Este servicio legal minimiza el “riesgo regulatorio” que para las pymes conlleva invertir en mercados en que, más allá de los vaivenes de la economía, los cambios de la normativa son tan rápidos como inesperados, poniendo en peligro la viabilidad de las empresas. Ejemplos bien conocidos de lo que analizamos los hemos visto con las primas del sector de energías renovables, o con el dividendo digital en el sector de las telecomunicaciones.

Por qué lo hacemos

Porque en nuestros años de experiencia asesorando a empresas que lidian con el “riesgo regulatorio”, hemos detectado que en estas áreas fuertemente reguladas sólo las grandes empresas y las multinacionales pueden acceder a servicios jurídicos a la altura de sus circunstancias, mientras que las pymes por el contrario encuentran mayor dificultad a la hora de acceder a este asesoramiento tan especializado, y que sin embargo necesitan si desean ser viables en el tiempo.

Cómo lo hacemos

Nuestra especialización en sectores regulados nos permite anticipar y gestionar el cambio, siendo la clave de nuestro éxito el exhaustivo seguimiento de todas las reformas de legislación y reglamentación, y cómo afectan a las concretas situaciones de nuestros clientes.

Para ello elaboramos informes, notas de contenido informativo y construimos estrategias, que tienen en cuenta el Derecho y la Economía para la viabilidad empresarial. Este proceso se implementa en tres fases:

1. Te ayudamos a tomar la decisión inicial: si vas a emprender, si recientemente has emprendido una actividad empresarial en un sector regulado, o simplemente si acabas de detectar una carencia de asesoramiento jurídico en el mercado en el que operas, necesitas toda la información. Según tus circunstancias, debes asegurarte de que cumples con todas las exigencias administrativas y minimizas tu riesgo regulatorio.

2. Prevenimos: evitando que entres en conflicto con las Administraciones e instituciones y muy en concreto con los organismos reguladores de tu mercado.

3. Resolvemos: si surge un conflicto que deba solventarse por la vía de negociación, el arbitraje o en los tribunales de Justicia, sigues estando con los expertos que necesitas. No todo cambio normativo es legítimo y en ocasiones tendrás derecho a una indemnización o compensación.

Por qué elegirnos

Porque la filosofía del despacho es contribuir al éxito de las pymes de los sectores regulados a un coste razonable, y porque puedes encontrarte cuando leas este artículo en alguna de las siguientes situaciones:

1. No puedes asumir los costes de acudir a un despacho de gran tamaño y tus necesidades no las suple una gestoría.

2. Buscas eficacia, especialización y máxima calidad en el servicio a un coste razonable.

3. Tu equipo jurídico no abarca esta rama y os surgen dudas constantes.

4. Sueles tener conflictos con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

5. Te cuesta relacionarte con el organismo regulador, no habláis el mismo lenguaje, y necesitas que tus actuaciones o trámites tengan un impacto real positivo en tu negocio.

6. Necesitas autorizaciones, licencias u otros permisos, o quieres licitar para obtener concesiones públicas. Todo lo relativo a la Administración se presenta ante tus ojos como una carrera de obstáculos.

7. No puedes ejercer tu actividad en libre competencia.

Después de llegar hasta aquí, si consideras que tienes un riesgo regulatorio que minimizar, contáctanos.

¿Está cumpliendo la UE los objetivos en materia de energías renovables para 2020?

La Directiva sobre energías renovables, adoptada en 2009, establece una serie de objetivos obligatorios. En concreto, se centra en conseguir, a más tardar en 2020, una cuota del 20 % de energías renovables en el consumo total de energía de la UE. Cada Estado miembro ha de alcanzar objetivos individuales en cuanto al porcentaje global de las fuentes renovables en el consumo energético. Además, todos los Estados miembros tienen que llegar a una porcentaje del 10 % de energías renovables en el transporte.

Por ello, la Comisión Europea ha presentado recientemente un informe para analizar la situación actual y el trabajo que queda por realizar estos 5 años.

Parece que estos objetivos van camino de cumplirse, puesto que con una cuota estimada del 15,3 % de energías renovables en el consumo final bruto de energía de 2014, la UE y la gran mayoría de los Estados miembros avanzan a buen ritmo.

Respecto a la cuota de energías renovables en el transporte , la estimación del 5,7 % en 2014, nos hace pensar que el objetivo del 10 % sigue siendo viable, aunque no deja de ser un gran reto.

El informe registra que 25 Estados miembros han cumplido los objetivos a escala nacional fijados para 2013/2014, uno por debajo de los 26 que cumplieron sus objetivos de 2011/2012.

Sin embargo, desde la UE se anuncia que los objetivos intermedios serán más ambiciosos en los próximos años, por lo que es posible que algunos Estados miembros tengan que hacer un esfuerzo para mantener el rumbo previsto.

Respecto a los países que no podrá cumplir estos objetivos, si no hay sorpresa al respecto, podemos incluir a España: las medidas que ha tomado el Gobierno en los últimos años, como por ejemplo el llamado “impuesto al sol” gravando a quienes produzcan energía o el nuevo Real Decreto que regulará el autoconsumo eléctrico suponen baches para el cumplimiento de los objetivos establecidos por la UE para 2020.

Por otro lado, cabe destacar que el informe muestra que la Directiva en materia de energías renovables funciona correctamente, puesto que el despliegue de las energías renovables ha dado como resultado los siguientes datos

  • En 2012 se evitó la emisión de alrededor de 326 Mt de CO2 y en 2013 de 388 millones.
  • En 2013 se redujo en la UE la demanda de combustibles fósiles en 116 Mtep.
  • La sustitución del gas natural por energías renovables ha hecho que en 2013 el ahorro de consumo de gas supusiera un 30 % del total de combustibles fósiles no consumido.
  • Casi la mitad de los Estados miembros redujeron su consumo interior bruto de gas natural en un 7 % como mínimo.

Así las cosas, parece que se están cumpliendo las previsiones de la UE respecto a las energías renovables tras la entrada en vigor de la mencionada Directiva, de obligatorio cumplimiento para las empresas de este sector. Desde LHM Legal asesoramos a nuestros clientes en materia de Derecho regulatorio. Contacte con nosotros, seguro que podemos ayudarle.

Aspectos destacables de la tercera liquidación provisional del sector energético en 2015

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado los informes sobre la 3ª liquidación provisional 2015 del sector eléctrico, de energías renovables, cogeneración y residuos y del sector del gas natural. ¿Qué ha sucedido en estos meses en el sector eléctrico? Lo analizaremos por sector:

Sector eléctrico

En la Liquidación provisional 3/2015 del sector eléctrico los ingresos no han sido suficientes para cubrir todos los costes a retribuir con cargo a las liquidaciones, por lo que, en aplicación del artículo 19 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, las desviaciones transitorias entre los ingresos y costes serán soportadas por todos los sujetos del sistema de liquidación de forma proporcional a la retribución que les corresponda en cada liquidación mensual.

 En este caso, el desajuste se sitúa en -1.236,7 millones de euros que, aunque es inferior en 128,2 millones de euros al esperado para esta liquidación (-1.108,4 M€.), no es una cifra en absoluto desdeñable.

 El motivo que ha esgrimido la CNMC a la hora de valorar dicho desvío es la estacionalidad entre los ingresos y costes del sistema y que los ingresos por peajes de acceso correspondientes a lecturas de electricidad de un mes no se reciben completamente hasta tres meses después, por lo que en las primeras liquidaciones del año el coeficiente de cobertura es bajo.

 Por otro lado, la CNMC advierte que esta Liquidación tiene escasa relevancia debido al desfase existente entre la declaración de los ingresos y la liquidación de las distintas partidas de coste.

Energías renovables, cogeneración y residuos

 Respecto a este sector, la cantidad a pagar a cuenta a los productores en la Liquidación 03/2015 asciende a 482,046 millones de euros, sin impuestos, una vez ya descontadas las cantidades correspondientes al ejercicio 2015 ya abonadas en las liquidaciones anteriores.

 Lo más destacable de este informe, bajo nuestro punto de vista, es la liquidación de casi 64.000 instalaciones que estaban activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC, y se encontraban inscritas en el Registro de Régimen Retributivo Especifico del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Sector gasista

 Por último, analizaremos el informe relativo a la Liquidación provisional en el Sector gasista, donde los ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascienden a 757.938 miles de euros. Ello tiene por causa, entre otras cosas, el menor coste del gas respecto del coste de la electricidad.

 Además, destaca el ascenso en el número de consumidores declarado por las empresas a 31 de marzo de 2015.

 No olvidemos que en esta Liquidación provisional ya ha entrado en funcionamiento la nueva versión del Sistema de Información sobre Facturaciones y Consumos del Sector Gas (SIFCO), que permite a las empresas distribuidoras realizar la declaración de la información de energía suministrada y de número de consumidores por municipio.

 Conclusiones

 Llama la atención el desvío de más de 1.200 millones de euros registrado en el sector eléctrico, que deberá ajustarse en lo que restará de año.

 Por otro lado, no es desdeñable el dato de la liquidación de casi 64.000 instalaciones en el sector de las renovables, cogeneración y residuos.

 Desde LHM Legal asesoramos de manera integral a las empresas que realizan su actividad en los sectores regulados a cumplir el ordenamiento jurídico y a realizar las declaraciones pertinentes a la Administración. Ponte en contacto con nosotros y resolveremos tus dudas.

Últimas reformas en infraestructuras de transporte, ¡ojo a las tasas y cánones ferroviarios!

El pasado 11 de mayo entraban en el Congreso de los Diputados dos importantes proyectos normativos de trascendencia para el sector transportes, en concreto los segmentos transporte terrestre y transportes por ferrocarril:

Aunque ambas reformas se encuadran, como decimos, dentro del sector transportes, realmente deben contextualizarse de modo distinto, ya que mientras que el proyecto de Ley de Carreteras apunta a la reforma de una obsoleta norma del año 1988 (Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, que en su caso será derogada por la norma que ahora es proyecto) que ya se ha visto superada por nuevas necesidades derivadas del crecimiento urbanístico y la necesaria atención a la protección del medio ambiente, la reforma que afecta al sector ferroviario viene impuesta desde Europa, por fuerza de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de noviembre de 2012.

En este post nos centramos en el impacto económico de esta Directiva y el Proyecto de Ley del Sector Ferroviario que pretende trasponerla al ordenamiento jurídico español, fundamentalmente a través de la reforma de los cánones (que en el contexto ferroviario tienen naturaleza jurídica de tributo y no de contraprestación contractual) en el ámbito de la llamada Red Ferroviaria de Interés General, sobre la que el Estado tiene competencia exclusiva, por ser de interés general al afectar al territorio de más de una Comunidad Autónoma (artículo 149.1.21º de la Constitución española).

Los cambios fundamentales propuestos por el proyecto de ley son, a grandes rasgos, los siguientes:

  1. Se suprime el canon de acceso.
  2. El canon por utilización de las líneas ferroviarias se calculará en función al criterio de rentabilidad potencial del mercado, complementándose esta idea con la de implementar bonificaciones y descuentos para ayudar a los operadores económicos. En este caso, de nuevo el leit motiv lo representa evitar barreras de entrada a nuevos operadores al mercado, cuestión que prohíbe Europa en pos de la libre circulación de personas, mercancías, capital y servicios, junto con la necesidad de promover la libre competencia en un mercado tradicionalmente sujeto a una fuerte intervención pública.
  3. También se modifica el canon por utilización de las instalaciones de servicio.
  4. Se revisa el régimen tarifario por la prestación de servicios, de nuevo descafeinando el importe del canon en función de la capacidad económica del operador del servicio. En otras palabras a lo que se apunta es a una mayor liberalización del sector ferroviario, que ya inició en su momento la aún vigente Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario.

Finalmente, y también por su impacto económico, cabe citar la “moderación” de las tasas –por ser fieles a la categorizaciones de la ley, porque, reiteramos, en este sector cuando se dice canon o tasa se habla prácticamente de lo mismo-, eliminándose la tasa por seguridad en el transporte ferroviario, si bien se crea una nueva, la tasa por la prestación de servicios y realización de actividades en materia de seguridad ferroviaria, cuyo importe, según reza la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley “se destinará a financiar las actividades realizadas por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria”, lo cual apunta más que a un ahorro de costes dentro del sector ferroviario, a un traslado de costes del operador del servicio al propio viajero o usuario del mismo, ya que lo que se ahorra en cánones de utilización de líneas ferroviarias o de instalaciones de servicio viene a compensarse con la nueva tasa por la prestación de servicios y realización de actividades en materia de seguridad ferroviaria. Ello podría provocar una repercusión de la tasa que soporta el explotador del servicio –que es quien fija las tarifas por utilización del servicio- en la tarifa final a pagar por el usuario de los servicios de ferrocarril. De otro lado, esta reducción de cánones a favor de un incremento en las tasas, del mismo modo a satisfacer por el explotador del servicio, lo que pone seriamente en cuestión es si va a ser posible cumplir con una de las finalidades primordiales impuestas por la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de noviembre de 2012, que es favorecer la libre competencia dentro del mercado ferroviario.

Desde LHM Legal prestamos asesoramiento a particulares y empresas en el ámbito del Derecho Administrativo y Regulatorio, elaborando informes, proponiendo redacción de enmiendas a proyectos de ley como los analizados en este post y promoviendo el recurso judicial de la normativa definitivamente aprobada. Si estás interesado en este tipo de servicios, contáctanos mediante correo electrónico a la dirección info@lhmlegal.com o llamando al (+34) 91 125 03 73 o al (+34) 673 405 764.

Reformas legislativas que pasan desapercibidas afectarán a su bolsillo

DESINDEXACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

El pasado 1 de abril de 2015 entraba en vigor la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española (BOE número 77 de 31 de marzo). Esta Ley, cuya tramitación parlamentaria se ha prolongado más de 2 años (el proyecto de ley empezaba a tramitarse en el Congreso de los Diputados a 27 de diciembre de 2013), comporta un serio impacto para el marco regulatorio de los precios públicos, así como para el devenir de la contratación pública y en menor medida de la privada.

En este artículo abordamos qué se entiende por desindexación y qué implicaciones tiene la misma en el panorama económico-jurídico español.

Desindexación hace mención a la ruptura de una tendencia de actualización de precios que venía aplicándose, fundamentalmente, en el ámbito de la contratación pública española; en este sentido y a modo de ejemplo, si bien se podía establecer un precio X a cobrar por un contratista en el seno de una relación de prestación de servicios públicos, ese precio se veía periódicamente actualizado en relación a un índice oficial de precios, generalmente el Índice de Precios al Consumo (IPC)-fenómeno que se conoce como indexación del precio del contrato-.

El ámbito de aplicación de la Ley es muy amplio pues se define desde un punto de vista subjetivo, ya que abarca las revisiones de cualquier valor monetario en cuya determinación intervenga el sector público, entendido este del modo más amplio (Administraciones territoriales-es decir, Estado, Comunidades Autónomas y Administración local-, la Administración institucional-organismos autónomos, entidades públicas empresariales; las sociedades mercantiles con participación pública;  consorcios, fundaciones y asociaciones de naturaleza pública, Administración de la Seguridad Social, Universidades Públicas, etc.). A continuación se abordan los distintos ámbitos a los que afecta la reforma:


PRECIOS PÚBLICOS Y CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Debe advertirse antes de nada que, mientras que las primeras versiones del devenir parlamentario del Proyecto de Ley hacían referencia sin más a los precios públicos, el resultado final ha sido sustituir los precios públicos como ámbito material de aplicación de la Ley por valores monetarios en cuya determinación intervenga el sector público, con lo cual el alcance de la norma es bastante mayor del que en un principio cupiera esperar: así pues, se me ocurre que pueden empezar a preocuparse-si no lo han hecho todavía- empresas que operen en los sectores del gas y la electricidad. En definitiva, si bien una primera versión del proyecto de ley delimitaba el alcance de la desindexación -o no actualización periódica de precios en virtud de un índice de variación monetaria-, a los contratos públicos sujetos a regulación administrativa (concesión de obra pública, prestación de servicios públicos, gestión de servicios públicos, suministro…), el texto definitivo alcanza no sólo al ámbito de la contratación administrativa, sino a toda esfera de la economía en que los poderes públicos tengan algo que decir en la fijación de precios.

Debe pues considerarse plenamente afectada, -a salvo la pequeña excepción que concede la ley respecto de “materiales básicos y las fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, y los artículos, disposiciones y anexos relativos al régimen tarifario del gestor aeroportuario AENA, S.A.”-, la contratación pública, sujeta en su práctica totalidad a Derecho Administrativo.

La nueva norma, supone el tránsito de un contexto en que la actualización de precios operaba de un modo automático y periódico, a otro en que, so pretexto de evitar la inflación, pero con la vista más bien puesta en el déficit que acucia a las arcas públicas, la variación resulta absolutamente excepcional, en los pocos casos en que se permite. Este dato que puede resultar de escasa relevancia en contratos que consisten en una única prestación o que se agotan en un corto periodo de tiempo -contrato con plazo de 1, 2 o 3 años-, se convierte sin embargo en crucial respecto de aquéllas relaciones contractuales de naturaleza pública que se caracterizan por su largo alcance temporal: piénsese en una concesión de obra pública a 40 años, entre otros muchos ejemplos que podrían ponerse.

En este sentido qué duda cabe que los empresarios que operen en determinados sectores de actividad tendrán que hacer la previa reflexión de si postularse o no para resultar adjudicatarios de un contrato público, y sobre todo si su interés económico va a resultar cubierto o compensado por las prestaciones congeladas de un contrato en que uno de los elementos esenciales- el precio o canon para el contratista privado- no va a ser objeto de actualización, con independencia de la corta o larga vida de la relación contractual.

Entrando en la cuestión práctica, datos de interés para los operadores económicos son las que se exponen a continuación:

  • La norma no tiene alcance retroactivo; es decir, sólo se aplica, en lo que a los contratos del sector público se refiere, a aquellos que se celebren una vez haya entrado en vigor el reglamento que desarrolle la Ley (si no fuera porque sin este reglamento la Ley no es nada fácil de entender, en este punto no hay objeción). Tampoco demos saltos de alegría, que la tendencia desindexadora ya se inició sutilmente con los Presupuestos Generales del Estado del año 2014 (Ley 22/2013), disposición adicional octogésima octava.
  • Lo grave es es que la la Ley se remite al reglamento para la determinación demasiadas cuestiones relevantes. En concreto:
  • Los principios generales que han de regir todas las revisiones de valores monetarios motivadas por variaciones de costes, así como los criterios para la interpretación de los principios de eficiencia y buena gestión empresarial en los supuestos susceptibles de revisión, que, en todo caso, deberán ser objetivos, transparentes y no discriminatorios; a mi juicio, y sin entrar en lo difuso de conceptos como “buena gestión empresarial”, es la Ley la que debe aportar estos principios, más allá de los obvios en materia de contratación pública.
  • Los supuestos en los que puede aprobarse un régimen de revisión periódica y predeterminada en función de precios individuales o índices específicos de precios; es decir, como ya se apuntaba el anteriormente, va a ser el reglamento (fruto de la potestad reglamentaria que la Constitución otorga al poder ejecutivo, pero que confiere un poder regulatorio subordinado e instrumental respecto de la ley) y no la Ley (producto del poder legislativo que reside en las Cortes Generales), el que disponga en qué excepcionales supuestos y bajo qué condiciones y circunstancias va a ser admisible esta revisión de precios.
  • También será este reglamento el que dibuje las directrices para el diseño de una fórmula en las revisiones periódicas y predeterminadas; los componentes de costes que se incluirán en las fórmulas de revisión periódica y predeterminada; los supuestos y límites para la traslación de los costes de mano de obra al valor monetario sujeto a revisión periódica y predeterminada, y los componentes de la fórmula que incentiven el comportamiento.

CONTRATOS DE DERECHO PRIVADO

Para los que hemos venido siguiendo la tramitación parlamentaria de esta ley desde que se diera a conocer su proyecto en diciembre de 2013, llama la atención otro giro esencial, y es el alcance respecto de la contratación privada; en este sentido ya en la versión parlamentaria del proyecto el pasado mes de febrero, se había ampliado el espectro de la ley de los arrendamientos rústicos y urbanos -como se contemplaba en las primeras versiones del texto- a toda la contratación privada.

Citando textualmente, el legislador pretende influir en el ámbito de las relaciones inter privatos, -regidas por las normas de la autonomía de la voluntad y libertad de pactos- cuando dice: “revisiones periódicas o no periódicas de rentas de arrendamientos rústicos y urbanos, contraprestaciones de arrendamientos de servicios, suministros y rentas vitalicias o valores monetarios en cualquier otro contrato celebrado entre personas distintas”. De tal manera que quien ahora pretenda someter un contrato privado a revisión habrá de cuidarse mucho de introducirlo de forma expresa en las cláusulas de su contrato, si bien con el importante matiz que en el ámbito privado las partes podrán alterar el contrato cuando entiendan conveniente; eso sí, de mutuo acuerdo y puede que a alguna de ellas beneficie más que a la otra la petrificación del precio del contrato…

Pero no sólo tendrán que incorporar a su contrato la actualización automática (que en el régimen de arrendamientos operaba por Ley) sino que en caso de prever la actualización  y omitir el índice que va a aplicarse a las sucesivas actualizaciones, en vez de operar por defecto el IPC, como ocurría hasta el momento, va a operar el llamado Índice de Garantía de Competitividad, que según el Anexo incorporado al texto de la Ley será el resultado de la siguiente fórmula:

TV IGCt =TV IPCA UEMt − α×(TV IPCA ESPt,1999 − TV IPCA UEMt, 1999)

En “cristiano”: el Índice de Garantía de Competitividad se calculará en cada momento por la diferencia que resulta de restar a la tasa de variación del Índice de Precios al Consumo Amortizado de la Zona Euro, un 25 % del resultado de restar a dicha tasa, la Tasa de Variación del índice de Precios al Consumo Amortizado en España (esta diferencia calculada entre el mes en que se hace el cálculo y el mismo mes del año 1999). Se reserva el ejecutivo la potestad de revisar el porcentaje del 25% a su antojo cada cinco años y con remilgos: no menos del 20% y no más del 35%.

Otro índice a tener en cuenta en el ámbito privado será el nuevo “Índice de alquiler de Oficinas”, que el artículo 4 de la Ley deja a la determinación del Instituto Nacional de Estadística.

Advertir por último respecto de los arrendamientos privados que la norma ya está en vigor y no hay que esperar al reglamento.


CONCLUSIONES Y POSIBLES SOLUCIONES

Sin ánimo de exhaustividad ni de ser extremadamente técnicos, ya apuntábamos anteriormente a un posible exceso reglamentario por propia habilitación del legislador, y aquí reside precisamente el problema. Cuestión aparte son las dudas que en términos de transparencia plantea la nula claridad de la norma desde su propio título para los destinatarios últimos de la norma- apuntemos la anécdota de la publicación del texto en el BOE en plena Semana Santa-.

Estamos ante una ley que en apenas 15 páginas de BOE modifica el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y alcanza a modo de barrido a toda fijación de precios y su variación en la que intervenga el sector público-y ya hemos visto que el abanico es amplio- pero también a la contratación privada, entrando en el ámbito de la libre determinación de la voluntad de sujetos privados, modificando-aunque afectando a muchas más- de modo directo las Leyes de Arrendamientos Urbanos y Rústicos. Poco texto, para mucho impacto real.

Visto lo visto, lo que más llama la atención es el hecho de que la Ley haya dado tan poco que hablar, no sólo en prensa sino en los distintos foros jurídicos, en parte puede que motivado por la terminología abstracta y difícilmente comprensible que emplea el legislador; reitero que a mi juicio la propia denominación “Ley de Desindexación de la Economía española”, no resulta suficientemente clara para que se den por aludidos los concesionarios de la Administración Pública, no produce ningún efecto alarma en los arrendadores privados que no prevean las actualizaciones con cargo al IPC de las rentas que cobran a sus inquilinos, y mucho menos parece que haya provocado preocupación en el ámbito empresarial en general, que sin duda se va a ver afectado por este giro legislativo, ya veremos cuánto cuando se promulgue el reglamento de desarrollo.

Como consuelo, y ya que no se permite la vía de recurso frente a la Ley a las personas físicas y jurídicas afectadas, sí podrá recurrirse el reglamento ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo por quien logre justificar un derecho o interés legítimo en ello; seguro que habrá más de uno que se halle en condiciones de poder hacerlo.

Desde LHM Legal prestamos asesoramiento a particulares y empresas en el ámbito del Derecho Administrativo y Regulatorio, elaborando informes, proponiendo redacción de enmiendas a proyectos de ley como los analizados en este post y promoviendo el recurso judicial de la normativa definitivamente aprobada. Si estás interesado en este tipo de servicios, contáctanos mediante correo electrónico a la dirección info@lhmlegal.com o llamando al (+34) 91 125 03 73 o al (+34) 673 405 764.

Leticia Hernández Méndez